Teniendo como propósito primordial evitar que los servicios de salud prestados por las EPS Sanitas, Sura y Compensar corran el riesgo de ser suspendidos, la Defensoría del Pueblo convocó a una reunión este lunes, 28 de agosto, a las 10:00 a. m. en su sede nacional, en Bogotá.

“Los servicios de salud no pueden suspenderse bajo ninguna circunstancia, no podemos poner en riesgo la integridad o la vida de los usuarios. Por eso convocamos nuevamente a representantes del Ministerio de Salud, gremios y EPS a la Defensoría para seguir en la búsqueda de soluciones a las dificultades que han manifestado algunas EPS”, indicó el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Calificó como fundamental contar con la presencia de todos los actores del sistema de salud: “Y, lo más clave, lograr acuerdos en los que el ganador sea el usuario, sin posturas radicales que imposibiliten la protección de los derechos humanos, por eso decidimos retomado los diálogos ciudadanos con todo el sector, el pasado jueves 24”.

Sanitas, Sura y Compensar, que cuentan con alrededor de 13 millones de usuarios, manifestaron hace contados días posibles problemas financieros que pondrían en dificultades su operación después de septiembre próximo.

Camargo enfatizó en que las obligaciones patrimoniales, las deudas o el flujo de recursos no son razones para poner en riesgo la vida y la salud de las personas, recordando que el derecho a la salud es inalienable, “Por eso nuestro llamado es a que sea establecido un diálogo cuyo único objetivo sea la salvaguarda del derecho fundamental a la salud. Nuestro deber es protegerlo y velar para que sea garantizado”, recalcó el Defensor del Pueblo.

La entidad está elaborando un informe defensorial sobre la Ley de punto final, el flujo de recursos y la deuda en el sistema de salud; no obstante, las fuentes de información y las diversas metodologías usadas para los debidos análisis han sido un obstáculo en la construcción del documento.

“La salud de los colombianos no es un juego, por ende, no podemos esperar a que se deteriore el sistema o q que la situación esté más crítica, para adoptadas acciones urgentes. Garantizar el derecho a la salud es garantizar la vida de las personas y es deber de todas las autoridades y los particulares que prestan servicios públicos”, subrayó Carlos Camargo.