“Con 24 hechos violentos en municipios de distintas zonas del país, especialmente de la Región Caribe y el occidente del país, se comprueba que, entre el 21 de enero y el 17 de febrero pasados, las acciones bélicas por parte de los grupos armados ilegales de que tratan los Decretos del Gobierno nacional no se han detenido, ni tampoco las afectaciones a la población civil”, dijo el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

En el segundo boletín sobre la Situación de Derechos y Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH) en el marco de la declaratoria de cese al fuego, para el lapso entre el 21 de enero al 10 de febrero de 2023, se identificaron cinco acciones bélicas que involucraron directamente a la Fuerza Pública y al Comando Coordinador de Occidente (CCO) de la facción disidente de las antiguas Farc, denominada Estado Mayor Central. Los hechos ocurrieron en el departamento del Cauca, en zonas que cuentan con Alertas Tempranas vigentes y en proceso de seguimiento.

El 23 de enero se dio un hostigamiento contra el Ejército Nacional en Buenos Aires; el 3 de febrero, un hostigamiento a la Estación de Policía de Corinto; el 9 del mismo mes, enfrentamientos armados en Argelia; al siguiente día, hostigamientos contra el Ejército y la Policía de Corinto, y el 12 de febrero se presentaron combates entre fuerza pública y guerrilla en zona rural de Balboa.

“Hacemos especial seguimiento y un llamado a las autoridades por la estabilidad y la defensa de los derechos humanos en Cauca, ante los continuos hechos de violencia que impactan a la comunidad en este departamento. Sin dejar de lado que en esta región hay vulneraciones a los derechos humanos, en los 21 días de los que trata el segundo informe también se identificaron situaciones que, aunque no tuvieron lugar directamente entre fuerza pública y alguno de los grupos aludidos en los Decretos del Gobierno nacional, sí generaron impactos humanitarios y/o de vulneración a los derechos humanos o al DIH”, explicó el Defensor del Pueblo.

En cuanto a estos hechos se denunció que en la región Caribe las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), buscan perpetuar el orden violento a través de la instauración del miedo entre sus habitantes, la imposición de normas de convivencia, la regulación de la vida cotidiana y la suplantación del Estado, como ocurre en Córdoba, Sucre y la Subregión de los Montes de María de Bolívar y Sucre.

Adicionalmente, otros hechos de profunda gravedad se relacionan por ejemplo con la masacre, el 16 de febrero, de tres personas en El Cerrito (Valle del Cauca). El 30 de enero, en el municipio de Campamento (Antioquia), se conoció la masacre de tres jóvenes que fueron asesinados luego de ser citados y fotografiados por miembros presuntamente de la Facción disidente del Frente 36 de las Farc.

En el informe se indica además que es motivo de profunda preocupación para la Defensoría del Pueblo la grave situación humanitaria que se registra actualmente en la subregión Telembí del Pacífico Nariñense, específicamente en los municipios de Roberto y Magüí Payán, donde tienen lugar intensos combates entre facciones disidentes de la Farc, adscritas a la Segunda Marquetalia y al CCO del denominado Estado Mayor Central.

Los impactos de dichas acciones sobre la población civil abarcan desplazamientos masivos, suspensión de clases para niños, niñas y adolescentes, e incluso graves afectaciones contra la vida e integridad física de algunos de sus habitantes.

“Seguimos instando a que se adopten las recomendaciones formuladas en nuestras Alertas Tempranas y a que, en paralelo a las disposiciones normativas y de mutuo acuerdo que sean adoptadas en materia de paz y de cese al fuego, el Estado colombiano afiance sus esfuerzos en materia de prevención de violaciones a los derechos humanos y al DIH en los territorios donde los cuatro grupos señalados tienen algún tipo de actuación”, concluyó el Defensor del Pueblo.