A las trágicas muertes de dos bebés y una mujer, por la imposibilidad de ser trasladados a centros asistenciales de salud, se suma el hecho de que un aproximado de 5000 niños, niñas y adolescentes no han podido ir a clases, así lo aseguró la defensoría del pueblo.
El paro armado de ELN, ‘decretado’ por su Frente de Guerra Occidental Omar Gómez en la subregión del San Juan (Chocó), concretamente en las zonas urbanas y rurales de Nóvita, Istmina, Medio San Juan, Sipí y El Litoral del San Juan, sigue afectando los derechos fundamentales de la población civil, en especial los de la infancia y adolescencia.
Al trágico fallecimiento de un bebé indígena, de aproximadamente año y medio de nacido, quien con síntomas de paludismo y desnutrición no pudo ser trasladado de su centro poblado, jurisdicción de Istmina, a un puesto médico, se suma la muerte de una mujer y su bebé a punto de nacer en zona rural de El Litoral de San Juan, pues se le complicó el parto y debían ser trasladados a un centro de salud, pero tampoco fue posible llevarlos, en este caso, por falta de combustible.
Es tan crítica la situación, que, después de cinco días de paro, la restricción a la movilidad y el confinamiento tienen afectados en su derecho a la educación a unos 5000 niños, niñas y adolescentes (NNA) de 85 comunidades afro e indígenas, ya que sus clases están suspendidas; además, los docentes están bajo amenazas.
La Defensoría del Pueblo, por consiguiente, exhortó a la guerrilla del ELN a ponerle fin al paro armado, y al Gobierno Nacional, con la participación de la Gobernación del Chocó y los entes territoriales, lo llama a brindar una atención diferencial que promueva una mayor protección para los NNA.
Otra situación que agudiza la crisis humanitaria gira en torno a la escasez de medicamentos, al hecho de que las brigadas médicas no pueden llegar a las zonas donde habitan las comunidades más vulnerables, a la interrupción de los distintos tipos de transporte (terrestre y fluvial), lo cual ha cortado el suministro de alimentos y otros insumos esenciales de la canasta básica, y a lo que está ocurriendo con los precios de los pocos productos disponibles, ya que han aumentado. Todo está exacerbando la inseguridad alimentaria.
Las autoridades e instituciones competentes deben intervenir de manera inmediata y articulada, con el propósito primordial de garantizar un corredor humanitario temporal y buscar soluciones de fondo que contribuyan a remediar lo que está ocurriendo a causa no solamente del paro, sino de la violencia generalizada que es originada por el conflicto armado.
La infancia y adolescencia, educadores, mujeres y comunidad en general de la subregión del San Juan, incluyendo a quienes habitan en las cuencas de los ríos San Juan, Sipí y Cajón, deben estar amparados con la puesta en funcionamiento de estrategias de prevención, protección y atención integral.
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