Los investigados son el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, Emilio Archila, el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta.

La Procuraduría General de la Nación abrió investigación contra el ex alto consejero presidencial para la Consolidación y Estabilización, (2019 – 2021), Emilio José Archila Peñalosa, el exgobernador de Arauca ,José Facundo Castillo Cisneros, y exalcalde de La Paz, Cesar, Martín Guillermo Zuleta Mieles, todos  miembros del Órgano Colegiado de Decisión, OCAD Paz, por presuntas irregularidades en un proyecto de pavimentación de vías en Miranda, Cauca, financiado con recursos de Regalías por $7.152 millones.

De acuerdo con la denuncia recibida por la Procuraduría, el OCAD Paz habría designado como ejecutor del proyecto al Fondo Mixtopara la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social, sin que al parecer contara con la experiencia, capacidad administrativa y técnica para ejecutar proyectos de infraestructura vial, además de presentar un bajísimo índice de gestión de proyectos de regalías, de solo 18%, factores que hacían inviable su designación.

Entre las pruebas solicitadas por el Ministerio Público a la administración municipal de Miranda Cauca están: el estudio previo realizado al Fondo Mixto para la Promoción del Deporte, el Desarrollo Social y la Gestión Social para proponerlo como ejecutor del proyecto y una certificación sobre las razones técnicas y de experiencia con las que este fue presentado ante el Ocad Paz.

También a la dirección del Fondo Mixto se le solicitó certificar las calidades técnicas con las que contaba al momento de asumir la ejecución de la obra, allegar las hojas de vida del personal (ingenieros civiles y de vías, arquitectos, geólogos y otros profesionales) dispuesto para cumplir con los términos del contrato y los estados financieros de las vigencias 2019 a 2021, entre otras.

La Procuraduría General de la Nación trabaja desde su misionalidad disciplinaria para garantizar el manejo transparente de los recursos del Sistema General de Regalías por parte de los servidores públicos.

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