Una vez se viralizó el video de varias horas de duración en el que un grupo de hombres agrede de manera brutal en un edificio ubicado al norte de Barranquilla a la médico Pediatra, Dalila Peñaranda y a su empelada doméstica, quiénes pedían bajar el volumen de la música que salía del apartamento vecino, la esposa del agresor publicó de la misma forma a través de las redes sociales, un video en el cual defiende la actuación de su pareja, y explica lo que, según su versión, ocurrió:

“A dicha reunión llegó la doctora Dalila Peñaranda, tocando la puerta, pateándola agresivamente, que le bajáramos el volumen a la música. En ese momento sale el dueño del apartamento hablar con ella, y le dice que hablara con su esposa. Ella no permitió eso, cogiendo la hija del dueño del apartamento que es una menor de edad y pegándole. En ese momento que ella le pega a la hija del señor, reaccioné yo, y me metí porque me imaginé que le estaban pegando a mi hija. La señora cogió y me agredió también y nos fuimos a los golpes”.

La situación ha generado el repudio de la ciudadanía, quien atónita observa una y otra vez la forma en el que hombre ataca a patadas a la médico, y no quedando satisfecho, en estado de indefensión, le da igualmente patadas a la empleada doméstica, quien ya se encontraba tirada en el piso en medio de la agresión.

Una vez el gobierno nacional levantó la cuarentena en Colombia, la alcaldía de Barranquilla, adoptó las respectivas medidas para dar cumplimiento a la nueva fase de la pandemia.

A través del decreto 0732 de 2020, la administración distrital prohibió reuniones, eventos y aglomeraciones de personas.

“Están prohibidas las actividades, eventos y aglomeraciones públicas y privadas de cualquier tipo en lugares cerrados o abiertos que impliquen la ocurrencia de más de cincuenta (50) personas. Tampoco están permitidas las reuniones sociales en inmuebles públicos y privados, salones sociales, áreas comunes de propiedad horizontal y similares”, señala el decreto.

Así las cosas, los agresores y sus invitados estarían presuntamente violando el decreto expedido por la administración distrital.

Lo cierto es que el alcalde de la ciudad, Jaime Pumarejo, ha sido enérgico en su pronunciamiento y ha solicitado a las autoridades celeridad en la asignación de un fiscal para el conocimiento del caso.