Los elementos de prueba indican que habría sido transgredida una prohibición que impedía a las personas procesadas penalmente por delitos contra la administración pública hacer aportes a cualquier campaña política.
Una fiscal de la Dirección Especializada Contra la Corrupción presentó ante una Juez de Control de Garantías de Bucaramanga al excandidato presidencial Rodolfo Hernández Suárez y a su esposa, Socorro Oliveros de Hernández, imputándoles el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas.
Los elementos de prueba indican que el exaspirante político desconoció la prohibición de la Ley que le impedía realizar aportes a cualquier campaña, dado que estaba formalmente acusado en otro proceso penal. En ese sentido, presuntamente efectuó giros por un total de más de 127 millones de pesos desde su patrimonio hacia las cuentas de la campaña para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del año 2022.
Por su parte, la señora Oliveros de Hernández, en su calidad de gerente de campaña, presuntamente permitió el ingreso de los fondos a sabiendas de la restricción que prohibía recibir aportes de personas procesadas, en este caso, su esposo, quien fue imputado y acusado en mayo de 2021 por delitos contra la administración pública.
