Durante su participación en el Segundo Congreso de Justicia Transicional, “Diálogos para la no repetición”, la Procuradora General de la Nación, Margarita Cabello Blanco, aseguró que el objetivo de su administración ha sido poner primero a las víctimas aprovechando las herramientas jurídicas existentes para hacerlo.

“Vamos más allá de la mediación en audiencias, la orden ha sido priorizar los espacios de participación con las víctimas, el trabajo de campo, para que ellas sean parte activa en los procesos”, aseguró.
La doctora Cabello Blanco indicó que “como institución estamos honrando nuestra función constitucional defendiendo con todo el rigor a las más de nueve millones de víctimas del conflicto armado”.

Reveló además que, a través de la intervención frente a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) se ha logrado impactar positivamente más de 60 mil víctimas con la realización de 120 mesas municipales y 15 departamentales de participación de víctimas, 20 encuentros restaurativos para acreditación y pedagogía, acompañamiento a cinco organizaciones en la construcción de informes destinados a las salas de Reconocimiento de Verdad y de Responsabilidad, y  Determinación de Hechos y Conductas, además de la gestión de 300 solicitudes de acreditación individual como víctimas ante la JEP en Catatumbo, Antioquia, Nariño, Sur de Córdoba, Chocó y los Llanos Orientales.

“Toda esta labor no equivale exclusivamente a la consolidación de un relato del conflicto, se trata de una forma de restaurar la memoria histórica, y dignificar y visibilizar a las víctimas. De esta forma, hemos logrado evidenciar patrones y conductas criminales”, puntualizó la alta funcionaria.
La Procuradora también agradeció el apoyo de las personerías y la Defensoría del Pueblo, como parte del Ministerio Público, de la JEP y de otras organizaciones de cooperación internacional claves para llegar a millones de víctimas y aseguró que gracias a ese acompañamiento permanente se han abierto los macrocasos 008, 009 y 010, relacionados con desplazamiento, desaparición forzada, violencia sexual y utilización de métodos ilícitos de guerra por los diferentes actores del conflicto.

Finalmente afirmó que los resultados de todo este proceso transicional dependen, en gran medida, del componente restaurador y retributivo propio de las sanciones que imponga la JEP, donde resultan de especial interés para la sociedad, la propuesta de Trabajos, Obras y Actividades con Contenido Reparador-Restaurador (TOAR) y las Sanciones Propias, en los casos de reconocimiento de responsabilidad.