Entre comienzos de año y la tercera semana de febrero, la Defensoría del Pueblo registró homicidios, desplazamientos forzados y amenazas. Las confrontaciones armadas, que han derivado en un escenario de vulneración de derechos humanos, llevaron a la entidad a emitir la Alerta Temprana de Inminencia.

“Habitantes de 89 barrios, en seis de las diez comunas de Villavicencio, están corriendo peligro debido a la reciente ola focalizada de violencia contra los migrantes venezolanos, como consecuencia de la estigmatización que enfrentan, pues un grupo reducido de ellos ha incurrido en actos de criminalidad”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

Los hechos están relacionados, añadió el Defensor, “con la disputa por el control de actividades que generan rentas ilícitas en la capital del Meta. Al existir grupos criminales urbanos, que cuentan con arraigo histórico en la ciudad y un marcado liderazgo de personas con renombre a nivel local, se disparó la confrontación entre esos grupos y bandas emergentes, que son más débiles territorialmente hablando y están conformadas por algunas personas de origen venezolano”.

En carta enviada al ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, la Defensoría del Pueblo le dio a conocer la Alerta Temprana de Inminencia 06 de 2024, con la que hace un llamado para que sean protegidos los habitantes de los barrios y asentamientos humanos del perímetro urbano en riesgo.

“Hemos observado hechos violentos en las últimas semanas que están generando terror y zozobra en la población civil: desde el pasado 2 de enero y hasta el 19 de febrero registramos 11 homicidios, tres casos de desplazamiento forzado y uno de amenaza de las autodenominadas ‘Mafia las Águilas’, hechos criminales relacionados con las denominadas ‘purgas’”, explicó el Defensor del Pueblo.

Por eso, agregó Camargo, “hay temor de que durante los próximos días se sigan presentando más homicidios, amenazas y desplazamientos forzados, focalizando población vulnerable tanto de colombianos como de población migrante del vecino país”.

Para la Defensoría del Pueblo, es factible que la población civil focalizada siga siendo objeto de violaciones a los derechos humanos por atentados contra la vida, la seguridad y la libertad personal, que se pueden agudizar, además, por reclutamiento forzado y utilización de niñas, niños y adolescentes, extorsiones, ataques indiscriminados contra población migrante y enfrentamientos armados entre bandas urbanas.

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