Entre el 19 de mayo y el 18 de junio del 2023 y en medio del cese al fuego bilateral decretado por el Gobierno Nacional a comienzos de este año, la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central (grupos disidentes de las Farc) realizaron 48 acciones indirectas; es decir, hechos violentos que afectaron los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

En el boletín ‘Monitoreo defensorial, situación de DD. HH. y DIH, ceses al fuego decretados para tres grupos armados ilegales: Segunda Marquetalia, Estado Mayor Central de las antiguas Farc y Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN)’, el sexto del año elaborado por la Defensoría del Pueblo, quedó evidenciado que, aunque solo se presentó una acción bélica entre la fuerza pública y el Bloque Occidental Jacobo Arenas, perteneciente al Estado Mayor Central, en Andes, Nariño, los dos grupos armados ilegales mantienen su accionar y se enfrentan con otras organizaciones, realizan amenazas, homicidios, reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes, entre otras acciones.

“En este sexto monitoreo evidenciamos que los grupos armados con los que el Gobierno pactó el cese al fuego bilateral no acatan el Derecho Internacional Humanitario, lo que pone en grave riesgo los derechos, la integridad y la vida de la población civil”, aseguró el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

Las acciones indirectas o violaciones a los DD:HH y DIH tuvieron lugar en los departamentos de Nariño (8), Antioquia (6), Putumayo (6), Cauca (5), Huila (5), Arauca (4), Casanare (3), Valle del Cauca (3), Guaviare (2), Meta (2), Caquetá (2), Córdoba (1) y Boyacá (1).

“Estos grupos armados ilegales mantienen el interés de expandirse en los territorios y apoderarse o mantener el control territorial y social, lo que genera más violencia y el riesgo de agudizar las afectaciones de los derechos de las comunidades, así lo hemos evidenciado en las distintas Alertas Tempranas que hemos emitido desde la Defensoría del Pueblo”, resaltó Carlos Camargo Assis.

La Defensoría del Pueblo evidenció, por ejemplo, enfrentamientos entre grupos al margen de la ley, como el ocurrido entre el Frente 4 de las disidencias de las Farc, en articulación con el ELN, y el Clan del Golfo en El Bagre (Antioquia), a finales de mayo. También dejó en evidencia el que sucedió entre el Frente Dagoberto Ramos del Estado Mayor Central de las disidencias de las Farc y la guerrilla del ELN en Silvia (Cauca), el 1 de junio.

Igualmente, se han presentado acciones indirectas, como el homicidio de un firmante de paz en Vista Hermosa (Meta), el 20 de mayo. Al Estado Mayor Central se le atribuye el homicidio de un habitante de la inspección Guacamayas, en San Vicente del Caguán (Caquetá) en esa misma fecha.

Los grupos armados, además, han detonado artefactos explosivos, obligado a los pobladores a asistir a reuniones, instalado pancartas, entregado boletines y enviado videos con mensajes, en ocasiones, intimidantes o alusivos a los grupos armados.