El Gobierno de Abelardo De la Espriella firmó 11 decretos de emergencia económica para avanzar en la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.
Entre las principales medidas aparecen la creación del Fondo Patria Milagro, el acceso extraordinario a recursos del Fonpet y una modalidad especial de obras por impuestos.
El paquete busca movilizar recursos, fortalecer las finanzas de los territorios y acelerar la recuperación de infraestructura, servicios públicos, viviendas y establecimientos educativos afectados por el sismo.
Fondo Patria Milagro será uno de los principales instrumentos
Uno de los 11 decretos de emergencia económica establece la creación del Fondo Patria Milagro.
Según el Gobierno, esta herramienta permitirá canalizar y administrar recursos destinados a la recuperación y reconstrucción de los territorios afectados.
La Presidencia calcula que las obras necesarias después del terremoto requerirán recursos superiores a los $30 billones.
El fondo pretende facilitar la llegada de recursos nacionales e internacionales para financiar los proyectos de reconstrucción.
Municipios podrán utilizar recursos del Fonpet
Otra de las decisiones permitirá que departamentos y municipios afectados accedan, por única vez, a recursos del Fondo Nacional de Pensiones de las Entidades Territoriales, Fonpet.
El Gobierno habilitó un plazo extraordinario para solicitar estos recursos y utilizarlos en la atención de los efectos de la emergencia.
La medida busca entregar liquidez temporal a los territorios. De acuerdo con el Ejecutivo, alcaldes y gobernadores necesitan mayor capacidad financiera para responder a las necesidades de sus comunidades.
Obras por impuestos y participación del sector privado
Los nuevos decretos de emergencia económica también contemplan una modalidad especial de obras por impuestos.
Este mecanismo permitirá que empresas privadas financien determinadas obras de reconstrucción. Posteriormente, el valor de la inversión podrá descontarse de sus obligaciones tributarias, bajo las condiciones establecidas.
Con esta medida, el Gobierno busca sumar recursos privados al proceso de recuperación de las zonas afectadas por el terremoto.
Inversiones entre territorios
El paquete también autoriza inversiones interjurisdiccionales durante la emergencia.
Esto significa que una entidad territorial podrá financiar o cofinanciar, bajo determinadas condiciones, proyectos de inversión que se ejecuten fuera de su propia jurisdicción.
El Gobierno considera que esta herramienta permitirá atender obras que tengan impacto regional. Una intervención en un municipio puede ser determinante para recuperar la movilidad, los servicios públicos o la actividad económica de otros territorios.
Educación y servicios públicos también están incluidos
Entre las medidas anunciadas está la posibilidad de que instituciones educativas afectadas desarrollen temporalmente sus actividades en sedes diferentes.
También se flexibilizará el calendario académico de los establecimientos golpeados por el terremoto mientras avanza la recuperación de su infraestructura.
Los decretos contemplan además recursos para contribuir a garantizar el servicio de energía en las zonas afectadas.
Por otra parte, se estableció un régimen excepcional y temporal para el tratamiento de información estadística reservada del DANE. El objetivo es mejorar la identificación de las familias damnificadas y focalizar la entrega de recursos públicos.
El Gobierno entra en la fase de reconstrucción
El presidente De la Espriella señaló que las nuevas medidas representan el paso de la atención inmediata hacia la recuperación y reconstrucción del país.
La emergencia provocada por el terremoto del 10 de agosto afectó a cientos de municipios y dejó miles de personas damnificadas.
Con los 11 decretos de emergencia económica, el Gobierno busca entregar herramientas financieras y administrativas a los territorios para acelerar las obras y convertir los recursos disponibles en soluciones para las comunidades.
La Presidencia ha insistido en que esta nueva etapa debe estar marcada por la ejecución y por el control sobre los recursos públicos.