El proceso de reorganización que adelanta la Gobernación de Sucre, a través de la Secretaría de Salud Departamental, a los hospitales del orden departamental, no es una privatización como lo manifestaron erróneamente las personas que protestaron el martes 1 de noviembre en las afueras de la sede administrativa departamental.
Así lo aclaró Isabel Porto Pérez, asesora delegada por el gobernador Héctor Olimpo Espinosa Oliver, para la reorganización del Hospital Universitario de Sincelejo (HUS), Hospital Nuestra Señora de las Mercedes de II Nivel de Corozal, Centro de Salud San Juan de Betulia y el E.S.E Hospital Regional de II Nivel de San Marcos.
“El decreto ordenanzal 0479 de 2022 establece claramente la naturaleza jurídica de la Empresa Social del Estado Universitaria de Sucre y precisa que es una entidad pública, descentralizada del orden departamental, que está dotada de personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, lo cual claramente desmiente todas las aseveraciones que han hecho de que se pretenden privatizar y es lo contrario, pues pretende fortalecer la red pública que le asiste como Gobernador, que es la red departamental”, aseguró la asesora.
Agregó que el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, a sabiendas de que hubo muchos procesos fallidos en anteriores administraciones, le está apostando a buscar los recursos para pagar todos los pasivos acumulados de los cuatro hospitales, sanearlos y hacer una nueva operación, que sea viable desde el punto de vista técnico y financiero, y que le ofrezca un mejor servicio a todos los sucreños.
Para hacer este ejercicio, el Gobierno Departamental debe definir unas fuentes con las cuales poder pagar las obligaciones de estos hospitales que superan los 196 mil millones de pesos, que los hace inviables. Una de las ellas, es un crédito a través de Findeter.
La reorganización también tiene un gran impacto social, “uno de golpe ve la cifra fría, pero en el fondo hay un drama de cada familia, a las que los hospitales les deben desde hace muchos años y que desafortunadamente en varios casos, como no han podido acceder a esos recursos, han tenido que vivir situaciones bastante críticas, y lo que quiere el señor gobernador con el pago de estas obligaciones, es precisamente devolverle la esperanza de recuperar esos recursos que han anhelado y más porque se lo merecen ya que lo trabajaron con mucho esfuerzo.
Entonces, además de resolver un problema financiero y un problema legal, esto tiene un impacto social de grandes proporciones. Esa es una de las más grande motivaciones que nos ha transmitido el gobernador, y es poder resolver ese problema social que no solo han sufrido familias sino empresas, que algunas han quebrado y que le han generado problemas jurídicos”.
