La Fiscalía General de la Nación Seccional Bolívar, solicitó condena en establecimiento carcelario en contra de Américo Mendoza Quesepp y Cesar Pión González, exconcejal y concejal actual de Cartagena, porque al parecer ordenaron irregularmente el reajuste de honorarios de sus colegas concejales en 2012.

El ente investigador hizo la petición en el marco de los alegatos de conclusión del juicio que se adelanta ante un juez de Cartagena. En 2015, la Fiscalía imputó el delito de prevaricato por acción en contra de los dos hombres.

El material probatorio recaudado en la investigación indica que, para el año 2012, Pión González y Mendoza Quesepp, fungiendo como presidente y vicepresidente del Concejo de Cartagena, respectivamente, tenían la potestad para estudiar la solicitud de pagar los honorarios que se adeudaban a concejales y exconcejales por años anteriores.

Sin embargo, y según se dio a conocer durante las audiencias, los dos concejales emitieron 35 resoluciones, una por cada cabildante, reconociendo salarios, prestaciones y otros derechos devengados, a pesar de que en el presupuesto del 2012 no hubiera una asignación específica para ello. El total de la deuda ascendía a $7.609.425.280.

Al parecer, en dos oportunidades, los hoy investigados solicitaron citas con el alcalde electo de la época para conseguir su apoyo, pero este se habría negado porque el presupuesto ya estaba asignado para otras obligaciones distritales. Sin embargo, a través de la Resolución del 4 de junio del 2012 se ordenó el pago de lo adeudado a las 35 personas, sin contar con el respectivo Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP).

Para el próximo 15 de septiembre se programó la audiencia de lectura de fallo.