El Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, rechazó este lunes los hechos ocurridos el pasado 3 de febrero, cuando 12 hombres armados secuestraron e interrogaron a tres fiscales de la Dirección Seccional Antioquia y otra funcionaria de un juzgado de Tarazá, en la vía que conduce de Cáceres a Medellín, a la altura de Valdivia.

Según el fiscal, después de escuchar a las víctimas se logró evidenciar que una de las personas que los tuvo secuestrados fue José Gonzalo Sánchez Sánchez, alias ‘Gonzalito’, máxima cabecilla del ‘Clan del Golfo’ en la zona.

El funcionario indicó que Gonzalo Sánchez “tiene orden de captura de extradición vigente y hace parte de los 16 nombres con orden de captura que pidió el Gobierno fueran levantadas”.

“A esta petición no accedió la Fiscalía, porque no existe marco constitucional para hacerlo, desde el primer se sacó un grupo de fiscales investigadores, quienes recolectaron evidencia (…) y se logró de forma muy rápida la expedición de una orden de captura contra alias ‘Gonzalito’ por el delito de secuestro agravado”, declaró el fiscal Barbosa.

Ante esta preocupante situación, que afecta la seguridad de los funcionarios de la Fiscalía General de la Nación en Tarazá, la entidad fiscalizadora decidió cerrar temporalmente la sede en ese municipio y se trasladará la atención a Medellín.

Lo anterior, debido a que “no se cuenta con las condiciones de seguridad para ejercer las funciones de administrar funciones de justicia en ese municipio”.

“Los fiscales aseguraron con preocupación que durante el secuestro los pasaron por tres puestos de control del Ejército y la Policía, quienes no realizaron ninguna acción preventiva para garantizar la seguridad y el orden público de esa zona”, contó el fiscal general.

“Por lo anterior se citarán los funcionarios de Policía y Fuerzas Militares responsables de esa zona de Antioquia, para que expliquen las acciones realizadas frente a estos hechos y los procedimientos que se han adelantado para garantizar la protección de los ciudadanos y servidores públicos en el sector”, agregó.

“En Tarazá, la Fiscalía ha establecido su acción con cooperación internacional en los últimos años. Pero es muy lamentable que situaciones cómo estás sucedan en uno de los 170 municipios que hacen parte del ‘Programa de desarrollo con enfoque territorial’ en el marco de la implementación del acuerdo de paz entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las FARC EP, que fueron estos municipios priorizados por ser territorios afectados por el conflicto armado”, indicó.

“No podemos aceptar desde ningún punto de vista desde Fiscalía General de la Nación que se repitan comportamientos que habíamos visto erradicar desde hace ya más de 20 años, no podemos trabajar si no hay garantías de seguridad. Llamamos la atención de todas las autoridades, el ejecutivo del Gobierno Nacional, de las Fuerzas Militares, de la Policía, para que trabajemos de forma articulada como lo hemos hecho los últimos años. No podemos admitir que nuestros funcionarios terminen siendo objeto de ataques y secuestros por parte de grupos armados que actúan de una manera libre en ciertos territorios del país”, puntualizó.

Por lo pronto, las investigaciones de la Fiscalía continúan y las personas que estuvieron al frente en esas zonas de guardar la seguridad serán citados al ente acusador.