El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, recordó que el Estado debe actuar con contundencia y sin vacilaciones frente a las acciones violentas que los grupos armados ilegales están generando contra las comunidades en los territorios, luego de la decisión del Presidente Gustavo Petro de suspender el cese bilateral con las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo).

De la misma forma, destacó que la terminación del cese bilateral con las AGC-Clan del Golfo es un ultimátum para los demás grupos armados que siguen siendo parte de dicho cese, en el marco del denominado proceso de paz total, para que muestren gestos de paz reales.

“Si lo grupos armados ilegales burlan el anhelo de paz de los colombianos, es deber del Estado actuar de manera contundente en la protección y la garantía de los derechos de las comunidades en los territorios. El Estado no puede omitir su deber de proteger y garantizar los derechos de las personas”, recalcó Carlos Camargo Assis.

El levantamiento del cese debe venir acompañado de una mayor presencia del Estado, que brinde seguridad y protección a las comunidades, porque esos grupos están amedrentando a los más vulnerables. El monitoreo que viene haciendo la Defensoría del Pueblo, desde sus Sistema de Alertas Tempranas (SAT), muestra que las AGC-Clan del Golfo han venido cometiendo acciones que no son señales de respeto a un cese el fuego bilateral.

En la subregión del Sur de Bolívar, donde las AGC-Clan del Golfo tienen presencia en gran parte del territorio, ejercen presiones sobre la población civil, particularmente contra líderes, lideresas, personas defensoras de DDHH, líderes comunales, funcionarios públicos, mineros, campesinos, población civil en general.

Allí cometen vulneraciones a los derechos humanos relacionadas con homicidios selectivos a través de ataques sicariales (a personas relacionadas con la compra y venta de estupefacientes, y contra miembros de la Fuerza Pública), cobro de extorsiones (a mineros, comerciantes, funcionarios públicos, entre otros) restricciones a la movilidad, imposición y cobro de tributos ilegales, aprovechamiento y control sobre la minería ilegal, y utilización de niños, niñas y adolescentes para actividades ilícitas, principalmente como vigilantes, informantes o los llamados ‘puntos’ para el microtráfico.

En regiones como el Bajo Cauca, sur de Córdoba, sur de Bolívar y el Magdalena Medio, particularmente, organizaciones como el ELN, las AGC-Clan del Golfo, las Facciones Disidentes de las FARC y grupos de crimen organizado, siguen siendo grandes generadores de riesgos de homicidios, torturas, retenciones, desapariciones, desplazamientos forzados, amenazas, entre otras conductas vulneratorias de los derechos humanos e infracciones al DIH, siendo la población civil la más afectada, y en especial, los miembros de las Juntas de Acción Comunal (JAC).

Para el Defensor del Pueblo, resulta evidente que “los grupos armados no están demostrando gestos genuinos de paz ni han expresado pruebas fehacientes de respetar a la población civil, pues se mantienen las acciones hostiles contra la población civil, particularmente contra las comunidades campesinas, indígenas y afrodescendientes”.

Por lo tanto, “el Estado tiene el deber de reprimir con la fuerza todas las acciones violentas que vulneren los derechos y libertades ciudadanas que afecten la convivencia pacífica, para ello debe adoptar medidas efectivas y oportunas de seguridad para proteger a la población de las agresiones y violaciones de sus derechos por parte de los grupos armados ilegales y grupos delictivos organizados”, puntualizó Carlos Camargo Assis.