Mandos medios de las extintas Farc, que tuvieron a su cargo la custodia de secuestrados, reconocieron ante la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP- “tratos crueles e inhumanos” contra los retenidos. El tribunal hizo públicos tres testimonios.

Aunque estuvieran enfermos “no podían ir al chonto entre las 6:30 p.m. y las 5:00 a.m. una vez se cerraba la puerta y debían hacer sus necesidades en bolsas e incluso en los recipientes donde comían”. Así lo declaró Marcos Alvis Patiño, quien declaró por más de siete horas el pasado 4 de marzo y quien durante años tuvo en su poder a policías secuestrados en una toma de Mitú en 1999.

“El daño que hicimos en esta guerra es demasiado grande. El secuestro era inhumano, denigrante y de las peores cosas que ha dejado el conflicto”, admitió Patiño, y dijo estar arrepentido y comprometido con la verdad para esclarecer qué pasó con las víctimas. También reseñó cómo fue la construcción de jaulas de alambre de púas donde fueron encerrados varios integrantes de la Fuerza Pública y civiles.

Además, Patiño presentó una construcción gráfica de dos campamentos, donde describió la distribución del campo de secuestrados y la forma cómo daban agua a los marranos, a los cautivos y a los guardias guerrilleros. Y contó que los secuestrados eran llevados al río Apaporis, en cercanías a Chiribiquete, para que se bañaran.

Por su parte, el excomandante del frente 27 (uno de los más grandes de la extinta guerrilla), Alfonso López Méndez, quien rindió testimonio el pasado 8 de marzo, también pidió perdón a las víctimas y aseguró estar arrepentido.

Reconoció que su frente, ubicado en los municipios de Vistahermosa y San Juan de Arama, Meta, se financiaba con base de coca y extorsiones a campesinos. Estos eran secuestrados, torturados y maltratados, y obligados a pagar sumas de entre 5 y 50 millones de pesos. Algunos fueron asesinados por no tener cómo pagar, y aún están desaparecidos.

Y Jhoverman Sánchez, tercero al mando del frente quinto hasta 1997 y comandante del frente 58 que operaba en la misma zona (Nudo de Paramillo, Urabá y Chocó), y quien se presentó el 11 de marzo, habló del secuestro en 1994 en Urrá, Córdoba de cinco contratistas de Skanska.

“Era común que cuando (las personas de la comunidad) transitaban del Urabá hacia Medellín, en Dabeiba, en un puente los paraba la guerrilla constantemente, se montaban, señalaban quiénes se tenían que bajar, los mataban y los tiraban al río”, relató el abogado de una de las víctimas. Sánchez respondió: “Sí sucedieron esos hechos”.

Además, reconoció su participación en más de 137 uniformados, entre militares y policías, entre 1998 y 2005, pero negó torturas y maltratos durante el cautiverio.

Estas declaraciones fueron ordenadas por la Sala de Reconocimiento de la JEP, luego de que más de 1.028 víctimas, de las 2.476 registradas en el caso de secuestro, solicitaran que mandos medios dieran su versión de los hechos. Por eso, este año seguirán escuchando estas versiones.