Los próximos 27 y 28 de julio, tendrá lugar en Cartagena, Colombia, la primera Cumbre de Latinoamérica y el Caribe para una tributación global incluyente, sostenible y equitativa, un cónclave ministerial que buscará definir y coordinar una acción conjunta en materia tributaria que facilite el intercambio de información y reduzca la competencia fiscal con el fin de ampliar la recaudación en la región y, con esos recursos, afrontar de forma adecuada las numerosas crisis que asolan a los países.

De cara a la reunión, más de dos decenas de expertos de la ONU en derechos humanos* emitieron este martes una declaración en la que encomiaron la celebración del evento, que cuenta con el respaldo y asesoría de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

El grupo de relatores especiales señaló que la iniciativa regional tiene el objetivo de “acordar estándares tributarios comunes para combatir los flujos financieros ilícitos, la evasión y elusión fiscal, y otros problemas comunes, como el aumento de la pobreza, la desigualdad y la emergencia climática”.

Recaudación tributaria para servicios públicos
En este sentido, llamaron a los Estados a comprometerse con las negociaciones tributarias regionales para asegurar el máximo de recursos disponibles a la tarea de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos a nivel nacional y extraterritorial, además de recaudar fondos suficientes para financiar servicios públicos de calidad, incluida la protección social, la educación y la sanidad, como es su obligación.

También exhortaron a los países a tomar siempre en cuenta las cuestiones de género y a promover un desarrollo incluyente y sostenible.

Para los relatores, la participación de la CEPAL permitiría hacer de la Cumbre una plataforma permanente, transparente e incluyente de toma de decisiones para la cooperación tributaria regional.

Los expertos recordaron a los Estados y a las empresas sus obligaciones y responsabilidades de proteger y respetar los derechos humanos y afirmaron que la reunión es una oportunidad única para que Latinoamérica y el Caribe fortalezcan la coordinación en cuestiones tributarias y aúnen esfuerzos para que los Estados puedan cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos, hacer frente a impactos negativos de las empresas sobre los derechos humanos, fortalecer el acceso a bienes, instalaciones y servicios públicos de calidad, y prevenir y responder a la emergencia climática.