La Defensoría del Pueblo hizo un llamado urgente a la Empresa Social del Estado (ESE) Alejandro Próspero Reverend para que sean garantizados la reapertura y el funcionamiento idóneo del puesto de salud Olaya Herrera en Pescaito, barrio de la localidad dos de Santa Marta, en Magdalena, y realizadas las gestiones pertinentes que permitan recuperar su infraestructura.

El Olaya Herrera prestó sus servicios por más de tres décadas, sin embargo, fue cerrado en el 2019 por una serie de quejas relacionadas con la no prestación adecuada de los servicios, como la falta de médicos, medicamentos y violaciones sistemáticas al derecho fundamental a la salud.

El cierre no solamente dejó sin atención básica a los habitantes de Pescaito, también a quienes habitan los barrios San Fernando, Villa Tabla, 20 de Julio, Pradito, San Martín, Barrio Norte y Olaya Herrera, lo que puso en riesgo el derecho a la salud de alrededor de 7.000 personas.

“Este puesto de salud debe ser habilitado nuevamente; además, es imperativo que cuente  con el número indicado de profesionales de la salud en sus distintos saberes, personal de talento humano, como también con los insumos necesarios, para que sean favorecidos quienes requieran acceder a los servicios de promoción, prevención y atención”, fue el llamado del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, a la administración de la ciudad durante una jornada de atención integral y especializada llevada a cabo por la entidad garante de los derechos humanos en el Coliseo Cubierto David Ureche, en Pescaito.

Recordó que hace dos años la sociedad civil, en cabeza de lideresas y líderes sociales y comunales, presentó una acción popular para que fuera protegido el derecho fundamental a la salud de los samarios: “No obstante, el fallo judicial negó las pretensiones. Por tal motivo, en la actualidad los funcionarios de nuestra Regional Magdalena estudian la posibilidad de coadyuvar en los recursos que procedan”.

El defensor agregó que el gobierno del Distrito Turístico de Santa Marta, independientemente de la decisión judicial, debe garantizar la prestación de ese derecho esencial en la ciudad.

“No podemos seguir esperando a que los jueces ordenen la protección de los derechos de los usuarios, la entrega de medicamentos o el agendamiento de citas con especialistas. Tampoco podemos esperar a que ordenen reabrir un puesto de salud. Por eso, el Distrito de Santa Marta debe facilitar, y con prontitud, el legítimo acceso a los servicios de salud no solamente a los habitantes de Pescaito y los barrios aledaños, sino a absolutamente toda la comunidad samaria”, recalcó el Defensor del Pueblo.