Este proceso inició en 2021 se resolvió en la Cámara de Comercio de Medellín. EPM deberá pagar $781.828 millones a Hidroituango.
El laudo que definía la demanda de Hidroituango contra EPM tuvo una decisión ayer. Este proceso inició en 2021 y se resolvió en la Cámara de Comercio de Medellín. “Condenar a EPM a pagar a Hidroituango la suma de $781.828 millones por concepto de las Cláusulas Penales de Apremio por Incumplimiento de Hitos, entre la fecha en que se hicieron exigibles y la fecha del laudo”, dice el fallo que condena a EPM.
La razón: los daños generados por la contingencia de abril de 2018, momento en el que se taponó el tercer túnel de desviación, o Galería Auxiliar de Desviación (GAD), del río Cauca, que generó una tremenda crisis, lo que obligó a desviar el agua a través de la casa de máquinas, además de desplazar a los habitantes que vivían cerca de la hidroeléctrica.
“El equipo de abogados y personal de la sociedad Hidroituango están estudiando voluminoso laudo que tiene más de 300 páginas y 83 decisiones. Adicionalmente, EPM no ha cumplido otros hitos del contrato BOOMT como la puesta en funcionamiento de las turbinas 5, 6, 7 y 8 y que no fue objeto de la demanda arbitral”, aseguró ayer en un comunicado Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia.
Esta situación generó grandes retrasos al megaproyecto hidroeléctrico que debía empezar a generar energía en 2021, aparte de los sobrecostos.
En 2021 hubo una conciliación extrajudicial entre delegados de EPM, constructores, diseñadores y aseguradores de Hidroituango, que acabó sin acuerdo. Agotado ese recurso, empresas como Brasilera Camargo Correa, Conconcreto, Coninsa y demás interventores y diseñadores del proyecto Hidroituango se enfrentaron a la millonaria demanda.
Para los que se emputan como yo cuando nos quieren meter los dedos en la boca. EPM otra vez víctima de los mismos. pic.twitter.com/wYVGrNoowe
— Daniel Quintero 🇨🇴 (@QuinteroCalle) December 8, 2023
Luego de asumir sobrecostos y fuertes críticas, EPM y la Alcaldía de Medellín decidieron demandar a los constructores, diseñadores, interventores y aseguradores del proyecto hidroeléctrico, una demanda que se calculaba en $9,9 billones, considerando los sobrecostos que ha tenido el proyecto en los últimos años, y los costos de los equipos en la casa de máquinas.
En su momento, la empresa emitió una carta dirigida a la Procuraduría delegada para Asuntos Administrativos para la diligencia planteando la situación.