En desarrollo de la operación ‘Argenta’, dispuesta por el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, para golpear el patrimonio de las organizaciones ilegales, la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos logró la judicialización de 11 presuntos integrantes de una red delincuencial señalada de otorgar créditos y cobrar intereses muy por encima de las tasas establecidas legalmente.
Las labores investigativas pusieron en evidencia a una pareja de esposos quienes serían los encargados de administrar y controlar los préstamos a los que recurrían personas de distintos niveles socioeconómicos.
Adicionalmente, el material de prueba permitió conocer que esta organización tenía coordinadores de rutas, como denominaban a 18 grupos que concentraba cerca de 200 clientes. Las denuncias de los afectados dan cuenta de amenazas y cobros manera violenta. Esta labor, al parecer, era ejercía por un componente de hombres armados.
Mediante las modalidades de ‘gota – gota’ o ‘paga diario’, la estructura habría obtenido ingresos por 13.000 millones de pesos, representados en ganancias superiores al 40% del valor total de los préstamos hechos.
Asimismo, hay indicios del manejo de plataformas tecnológicas para llevar un registro de los microcréditos otorgados. Estas herramientas permitían tener un control minucioso de ingresos y egresos, ocultar la identidad de los clientes; y hacer seguimiento satelital a los llamados ‘ruteros’, hombres que se encargaban de hacer las entregas de los dineros o realizar los cobros de los intereses.
La Fiscalía indaga la aparente colaboración de empresas legalmente constituidas que, al parecer, suministraron carnés a los cobradores y ruteros de la red ilegal, y con los cuales estos se identificaban como mensajeros.
Así, lograron evadir las restricciones a la movilidad impuestas por las autoridades durante los aislamientos dispuestos por las autoridades en época de pandemia por el Covid-19. De esta manera, continuaron los cobros ilegales en municipios como Galapa, Soledad, Baranoa y Barranquilla (Atlántico).
Los cálculos contables dan cuenta de que, con los microcréditos, la estructura delincuencial movió 11.231 millones de pesos en la economía formal del país, entre 2015 y 2020, mediante la compra de bienes inmuebles y combustible.
La Fiscalía imputó a los 11 capturados los delitos de concierto para delinquir, lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares. En las próximas horas el juez de control de garantías definirá las medidas de aseguramiento que considere pertinentes para cada uno de los implicados.
