El Gobierno denunció que una auditoría constató pérdidas del fondo de víctimas de “más de 4.200 millones de pesos” (unos de 1,1 millones de dólares o un millón de euros de hoy) que afectan las indemnizaciones a los más de nueve millones de víctimas registradas en el país.

“A nuestra llegada la Unidad para las Víctimas se hicieron unas denuncias sobre posibles irregularidades tanto a los órganos de control como a la Fiscalía General de la Nación y (se) solicitó a la Oficina de Transparencia de Presidencia de la República auditar el fondo de reparación a víctimas”, informó este martes la directora de la Unidad para las Víctimas, Patricia Tobón.

Hoy se ha revelado que “producto de esta auditoría se encontraron pérdidas de más de 4.200 millones de pesos esto afecta los recursos de indemnización de las víctimas”, expuso la directora sobre la investigación, que abarca el periodo 2018 a 2020, que corresponde al Gobierno de Iván Duque.

Se trata de unas pérdidas que se produjeron, según la Secretaría de Transparencia, por irregularidades en el alquiler de predios o por la comercialización de bienes que tenía a cargo la Unidad y que debían ir para indemnizar a las víctimas.

“Paralelo a esta auditoría, la Unidad para las Víctimas ha adelantado diferentes acciones de mejora con el fin de evitar una mayor afectación y contener el detrimento patrimonial identificado”, añadió Tobón, que dijo que cuentan con 1.809 bienes rurales y 1.220 urbanos.

Las denuncias se conocen el mismo día en que en Colombia se conmemora el Día Nacional para las Víctimas.

Durante uno de los actos en Bogotá, la vicepresidenta y ministra de Igualdad, Francia Márquez, aseguró que los esfuerzos están enfocados en “erradicar la corrupción” en la Unidad de Víctimas, después de que “gobiernos pasados permitieron que esta dirección terminara siendo un fortín político donde se hicieran negocios y se vulnerara los derechos de las víctimas”.

Así se hizo eco de las denuncias del secretario de Transparencia de la Presidencia, Andrés Idárraga, encargado de la auditoría, en las que aseguraba que hubo irregularidades en el arrendamiento de 17 inmuebles entregados por paramilitares y que debían ir para reparar a víctimas.

La directora de la Unidad para las Víctimas también explicó que este año han “logrado la recuperación de aproximadamente 1.970 millones de pesos” (unos 520.000 dólares o 480.000 euros), al realizar la formalización de la bancarización de los recursos y quitar trámites.

Tendrán que ser las autoridades, la Fiscalía o la Procuraduría, quienes investiguen estos hechos y decidan las acciones a tomar, así como dilucidar si las pérdidas y la corrupción en el fondo de víctimas fue real y de ser así averiguar quiénes fueron los responsables.