Como parte de las acciones en la continua lucha contra el delito de Defraudación de fluidos, más conocido como robo de energía, se realizaron nuevos operativos en el sur del Atlántico por parte de técnicos de Air-e con el acompañamiento de la Policía Nacional.

Dentro de las acciones ejecutadas se detectaron 4 fincas con igual número de transformadores, cometiendo el acto delictivo a través de la instalación de dichos equipos, sin autorización y de manera ilegal.

La mayoría de las fincas se dedicaban a la actividad ganadera y de cultivos, utilizaban la energía “robada” para motobombas y equipos empleados en las actividades propias de los predios.

El primer caso se presentó en inmediaciones del corregimiento de Algodonal, en jurisdicción de Santa Lucía, en donde se encontró un transformador ilegal en la finca Villa Jordán.

Mientras tanto, otro de los procedimientos se realizó en la finca Villa Panchita, en el área rural de Suan, en donde estaba instalado un transformador ilegalmente para cometer el delito. Igualmente, en jurisdicción de ese mismo municipio se hizo el procedimiento para desmontar dos transformadores ilegales, uno en la finca Las Nubes y otro en la finca Vista Hermosa, retirando también una red eléctrica instalada en la infraestructura de Air-e sin su autorización.

Sobre estas acciones desarrolladas en fincas ubicadas en el sur del Atlántico, el perjuicio económico causado por el delito se estima en 151.096 kilovatios/hora/mes correspondiente a 112 millones de pesos.

La cantidad de energía “robada” por estas personas equivale aproximadamente al consumo de 500 familias durante un mes.
Frente a esta problemática, el Gerente de Air-e en el Atlántico, Ramiro Castilla Andrade, reiteró que el delito de Defraudación de fluidos tiene una pena de hasta 72 meses de prisión y la empresa no ha escatimado esfuerzos para combatir este flagelo, razón por la cual cuenta a la fecha con más de 200 procesos penales que cursan en la Fiscalía.

“El robo de energía no solo afecta a la empresa sino al bolsillo de todos los pobladores de la costa. También la manipulación de la infraestructura pone en riesgo la vida de las personas”, dijo Castilla Andrade.