La Fiscalía General de la Nación desmanteló un grupo de delincuencia organizado
(GDO) dedicado a ofrecer y suministrar, desde Barranquilla, ‘servicios’ para la obtención de
documentos de identidad colombianos fraudulentos a migrantes de República Dominicana
y Venezuela.

La operación judicial, liderada por un fiscal de casos priorizados de la Delegada contra la
Criminalidad Organizada, logró la materialización y legalización de la captura de 31
personas. Asimismo, contó con el decisivo apoyo y trabajo articulado de la Dijin de la Policía Nacional, la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Oficina de Investigaciones Criminales del Servicio de Seguridad Diplomático de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia.

Las personas capturas en Bogotá y distintas ciudades y municipios de los departamentos
del Atlántico, Amazonas, Bolívar, Caquetá, Casanare, Córdoba, Cesar, La Guajira y Sucre
presuntamente contribuían de manera coordinada en las actividades de la organización
ilegal dedicada al trámite y suministro de registros civiles de nacimiento, cédulas de
ciudadanía y pasaportes fraudulentos.

Con base en la información obtenida, la Registraduría Nacional del Estado Civil ha anulado
344 cédulas falsas que habrían sido entregadas por el grupo delincuencial, principalmente,
a migrantes dominicanos y venezolanos. De igual manera se constató la expedición
irregular de 304 pasaportes.

Según la investigación, la red cobraba entre 2.000 y 4.500 dólares americanos por
suministrar documentos falsos a migrantes, quienes con esas aparentes identidades
colombianas viajaban a México o Guatemala para cruzar, por vía terrestre, a Estados
Unidos. Algunos de ellos se dirigían a países europeos para quedarse allí o buscar por esa
ruta ingresar a Norteamérica.

El grupo delincuencial estaría activo desde 2021, y tendría dos cabecillas: un ciudadano
dominicano y una colombiana, quien tenía a su disposición un número considerable de
captadores, colaboradores, tramitadores y algunos familiares.

Al menos, 11 personas se encargarían de buscar a los migrantes para ofrecer, tramitar y
obtener documentos adulterados. A su vez, 3 empleados y 6 exfuncionarios de la
Registraduría estarían a cargo de ubicar registros civiles de personas no ceduladas para
suplantarlas, mientras 3 empleados y 5 extrabajadores de la Cancillería se encargarían de
“formalizar” en pasaportes las falsas identidades. Con esa documentación fraudulenta, que
les daba apariencia de ciudadanos colombianos, los migrantes viajaban con facilidad por
distintos países.

Ante jueces de control de garantías y de acuerdo con la individualización de los presuntos
roles que ocuparon en la organización delincuencial (cabecillas, captadores/tramitadores,
colaboradores o servidores públicos), la Fiscalía General de la Nación imputará cargos por
conductas relacionadas con delitos de tráfico de migrantes, concierto para delinquir,
falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito. Además, solicitará
contra las 31 personas capturadas medida de aseguramiento privativa de la libertad.

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