Para el Viceprocurador General de la Nación , Silvano Gómez Strauch, el abierto desacato del Presidente de la República, Gustavo Petro, y del Canciller, Álvaro Leyva Durán, a la decisión adoptada por el órgano de control en una investigación disciplinaria atenta contra el Estado de Derecho, la Constitución y la ley, además de sentar un nefasto precedente que pone en riesgo la estabilidad institucional.

“Nuestra Constitución Política establece un marco imperativo que rige la estructura del Estado y la designación de sus autoridades y órganos de control. Por lo tanto, estas, actuando en representación de los ciudadanos, tienen el deber de cumplir y hacer cumplir la Carta Política y las leyes, pues ese es el fundamento sobre el cual descansa el Estado de Derecho”, expresó .

Agregó que si esas mismas autoridades elegidas democráticamente desvían su conducta de esos principios, debilitan la Constitución, erosionan las bases de su legitimidad, entran en el ámbito de la arbitrariedad y en el deterioro del orden jurídico.

“La Procuraduría General de la Nación ratifica que, como órgano de control y representante de la sociedad, es la responsable de la defensa del ordenamiento jurídico y de su acatamiento por parte de todos los servidores públicos”, puntualizó.