La Asociación de Familiares y Amigos de Personas Privadas de la Libertad, denunció ante la Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y Personería municipal de Santa Marta, lo que consideran violación de los derechos humanos al interior de la Cárcel Rodrigo de Bastidas.
“También hacemos llegar estas denuncias a la alcaldesa, Viena Johnson, y al gobernador, Carlos Caicedo; en las últimas horas, se confirmó que dos internos son positivos para la enfermedad del COVID-19, y permanecen recluidos en condiciones inhumanas y antihigiénicas en una zona del mencionado penal”, advierten.
Indican que, la cárcel Rodrigo de Bastidas de la ciudad de Santa Marta, tiene una capacidad para albergar a 312 personas, y en la actualidad la población reclusa es de 1.271 personas, lo que evidencia un hacinamiento del 307,4 %.
“Las Personas Privadas de la Libertad no pierden su condición de seres humanos, y están protegidas por distintos instrumentos internacionales como la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y el protocolo de reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos de las Naciones Unidas. Son derechos inherentes a esta población los derechos a la vida, a la integridad personal, la dignidad, la igualdad y la salud”, precisan.
Puntualizan que exigen una intervención inmediata sobre esta denuncia, investigación y sanción disciplinaria.
