Invita a las autoridades a trabajar conjuntamente en la implementación de las recomendaciones de las alertas tempranas.

La Defensoría del Pueblo rechazó los hechos presentados en la vereda la Sagrada Familia del municipio de López de Micay en el que murieron violentamente siete hombres y cinco mujeres. Según la información con la que se cuenta hasta el momento, las mujeres eran miembros de la población civil y eran trabajadoras sexuales. Esto indicaría que se encontraban en una situación de especial vulnerabilidad y marginalización debido a prejuicios de género exacerbados en el marco del conflicto armado.

La Defensoría del Pueblo exhorta a los Gobiernos Nacional y territorial para que avancen en la implementación de las recomendaciones incorporadas en las alertas tempranas estructurales que se han emitido para la región, particularmente la 033 de 2020 y la 039 de 2023.

Dichas alertas, y sus posteriores oficios de consumación, han advertido explícitamente los graves riesgos humanitarios para la población civil generados por ataques provocados por disputas territoriales entre grupos armados organizados y que incluyen hechos de violencia contra la mujer.

La Defensoría del Pueblo ha monitoreado la situación, ha participado en las instancias institucionales de respuesta y brindará atención inmediata y acompañamiento a las personas afectadas. En consecuencia, desarrollará una misión humanitaria en articulación con las autoridades locales y regionales para garantizar la protección de la población civil, con especial atención de la situación de las mujeres.

La Defensoría del Pueblo recuerda a todas las partes en confrontación en la subregión del Naya que es su obligación respetar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución del Derecho Internacional Humanitario (DIH). Así mismo, están en el deber de no emprender acciones violentas o afectar de otras formas a la población civil que no participa en las hostilidades, aún cuando estas personas tuvieran alguna relación sentimental, afectiva, sexual o de otra índole con los integrantes de los grupos armados. Ellas son personas protegidas bajo el DIH.

La exacerbación del conflicto armado en esta zona del país está poniendo en riesgo la vida, integridad y dignidad de miles de personas, que se encuentran atrapadas en medio de ataques entre distintos grupos armados organizados.

Las dinámicas de violencia en la subregión del Naya, así como la expansión del control territorial por parte de actores armados hacen parte de una crisis humanitaria que requiere de acciones urgentes por parte de las autoridades competentes para evitar más pérdidas humanas y proteger a las comunidades más vulnerables.

La Defensoría del Pueblo continuará monitoreando la situación desde el territorio y reitera su disposición para seguir colaborando en la construcción de soluciones que pongan fin a la violencia y aseguren el respeto por los derechos humanos de toda la población.

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