Defensoría del Pueblo le solicitó al ELN levantar paro armado en Chocó

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A unas horas del inicio del quinto ciclo de diálogos entre el grupo ilegal y el Gobierno Nacional, esa guerrilla decretó una nueva restricción a la movilidad, para los ríos Cajón, Sipí, San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan.

 

 

El grupo Ernesto Che Guevara, del Frente de Guerra Occidental Omar Gómez del ELN, comunicó un nuevo paro armado, indefinido, en los ríos Cajón, Sipí y San Juan y los municipios de Nóvita, Medio San Juan, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan, incluidas sus zonas rurales, situación por la que el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, le hizo una exigencia a esa estructura al margen de la ley.

“Le solicitamos levantar el paro armado, pues afecta gravemente los derechos fundamentales de la comunidad, ya que restringe la movilidad, no permite el abastecimiento de alimentos y obstruye las tareas diarias de los moradores, como el trabajo en el campo y la pesca”, expresó Carlos Camargo.

Alrededor de 10.000 personas se verían afectadas

Luego del proceso electoral de octubre, las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC – Clan del Golfo) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) han estado en continuos combates. Precisamente, el 28 de noviembre, día en que fue decretado el paro, en cercanías al corregimiento Puerto Murillo, se presentaron acciones armadas, los techos de algunas viviendas resultaron afectadas. El objetivo de las disputas es el control territorial y poblacional de cinco municipios: Medio San Juan, Nóvita, Istmina, Sipí y Litoral del San Juan.

“Les insistimos a los grupos armados que dejen por fuera de sus acciones bélicas a la población civil, los enfrentamientos y paros armados violan los derechos fundamentales y transgreden los postulados del derecho internacional humanitario”, señaló el Defensor del Pueblo.

El Defensor instó a las autoridades territoriales a prestarles la ayuda humanitaria necesaria a las familias que deben confinarse.

El nuevo paro armado, el sexto del año decretado por el ELN en el departamento, afectaría a más de 80 comunidades étnicas, el equivalente a alrededor de 10.000 personas.

“No es posible que en el previo del inicio del quinto ciclo de conversaciones entre las delegaciones del Gobierno y del ELN, esa guerrilla imponga restricciones a la movilidad en un departamento que por años ha sido víctima permanente del conflicto armado. ¿Dónde están las manifestaciones y buenas intenciones de paz?, ¿con más vulneraciones a los derechos de las comunidades?”, manifestó Camargo.

 

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