La Defensoría del Pueblo envió dos misiones humanitarias para realizar labores de verificación de derechos humanos de las comunidades y acompañamiento ante los recientes combates entre actores armados irregulares en zona rural de Buenaventura, que causaron desplazamientos forzados y confinamientos.
Por una parte, desde el pasado 28 de noviembre se iniciaron confrontaciones armadas en territorio del Consejo Comunitario de la Cuenca del Río Yurumanguí, el cual está distribuido en trece veredas de la zona rural de Buenaventura. De al menos 3.000 habitantes, unos 1.200 han tenido que salir desplazados y el resto están confinados y con restricciones de movilidad, sobre todo en las veredas Papayo, Veneral del Carmen, San Antonio, El Águila, San Jerónimo, San José y San Antoñito.
Los combates serían entre la Segunda Marquetalia (que estaría aliada con el ELN en esta región del país), en contra de la columna móvil Jaime Martínez que hace parte del Comando Coordinador de Occidente, perteneciente a las disidencias de las Farc.
Para la Defensoría del Pueblo es preocupante que en las acciones de los grupos armados hayan sido afectadas las instituciones educativas de la zona.
También resulta grave que los grupos armados ilegales destruyeran centrales de conexión a internet por red inalámbrica wifi y dejaron incomunicada la zona, lo que implica una serie de limitantes a otros derechos fundamentales como la salud y la educación, y también afecta al transporte de alimentos y pasajeros.
*Combates en la zona del Bajo Calima*
Durante los 3 primeros días del presente año se presentaron combates entre grupos armados ilegales en la zona rural de la región del Bajo Calima, que dejaron como resultado una persona muerta, el desplazamiento forzado de unas 2.400 personas que salieron hacia el casco urbano, mientras que otras 1.600 personas debieron permanecer confinadas, sin la posibilidad de movilizarse por carreteras o ríos.
Ante esta situación, funcionarios de la Regional Pacífico de la Defensoría del Pueblo realizaron una labor humanitaria para que las autoridades pudieran hacer el levantamiento de un cadáver.
Desde la Defensoría del Pueblo se reitera el llamado a las autoridades nacionales y locales para que se implementen acciones urgentes con el fin de restablecer la seguridad en esta zona del pacífico vallecaucano y garantizar la vida y seguridad de la población civil.
Finalmente, la Defensoría del Pueblo les reitera a las autoridades la importancia de acatar las recomendaciones hechas en el informe de seguimiento de enero de 2022 a la Alerta Temprana de Inminencia 079-2018 para la zona rural de Buenaventura, particularmente insta a que además de proteger a las familias víctimas del desplazamiento masivo y de los confinamientos, se les brinde atención y asistencia humanitaria y las plenas garantías para que puedan retornar a sus territorios.
