La Defensoría del Pueblo condena las amenazas de grupos armados ilegales contra los candidatos, dirigentes y miembros de campañas políticas. De la misma forma, rechaza las presiones de grupos armados ilegales contra la población civil en muchas zonas del país para votar por un determinado candidato.
A través de la Dirección de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo ha recibido denuncias, en diferentes regionales, sobre presiones de los grupos armados ilegales a los ciudadanos para que voten a favor de una determinada candidatura.
Por lo tanto, el Defensor del Pueblo les reitera a los ciudadanos que no deben dejarse coaccionar y que pongan las respectivas denuncias. También les recuerda que su derecho a elegir, que su derecho al voto, es secreto y deben ejercerlo con absoluta libertad.
Para ello, la Defensoría del Pueblo reitera que estará presta a brindar el acompañamiento para su garantía y para que las autoridades judiciales investiguen cualquier acción que atente contra este derecho.*
En el último mes, la Defensoría del Pueblo ha recibido y tramitado, ante las autoridades judiciales, 12 quejas por amenazas en el marco del proceso electoral contra candidatos y equipos de las campañas a la presidencia.
Se destaca en mayor número, las amenazas proferidas mediante panfletos, comunicados o mensajes por chat, contra partidos políticos en Bogotá, Antioquia, Arauca, Cauca, Córdoba, Guaviare, Magdalena, Meta, Risaralda, Santander, Valle del Cauca y Norte de Santander.
Teniendo en cuenta la gravedad de la amenazas y en aras de proteger la vida, integridad y seguridad personal de los candidatos, desde su Dirección Nacional de Atención y Trámite de Quejas, la Defensoría del Pueblo ha solicitado a las autoridades competentes atender e investigar con rigor las amenazas y situaciones de riesgo de posibles vulneraciones a los derechos fundamentales a la vida, la integridad y seguridad personal como también al derecho político a ser elegido, entre otros derechos.
De igual manera, ha requerido a las autoridades brindar efectivas medidas de protección y prevención para evitar ataques contra la vida de los candidatos, simpatizantes, seguidores de las diferentes campañas políticas.