La Defensoría informó que la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres y la Alcaldía de Providencia y Santa Catalina incumplieron la orden de la Corte Constitucional sobre el cierre definitivo de terrenos utilizados para acopio temporal de escombros.
La Defensoría del Pueblo alerta sobre el daño ambiental generado por la acumulación de escombros que deja el proceso de reconstrucción de Providencia y Santa Catalina, afectadas por el paso del huracán Iota en noviembre del 2020. A ello se suma la cantidad de basuras y residuos orgánicos en diferentes puntos de las islas.
“En el seguimiento que le estamos haciendo a la reconstrucción de las islas de Providencia y Santa Catalina, evidenciamos cómo lo que está sucediendo se está convirtiendo en una problemática ambiental. Por tal razón, le solicitamos al Gobierno Nacional y la Alcaldía local acatar la Sentencia T-333 de 2022 de la honorable Corte Constitucional, que ordena el cierre definitivo de los terrenos utilizados para acopio temporal de residuos, producto de la emergencia”, señaló el Defensor del Pueblo.
El plazo de 90 días dado por el alto tribunal expiró y las áreas afectadas se están convirtiendo en botaderos a cielo abierto debido a la falta de gestión, manejo y disposición adecuada de los residuos, causando contaminación ambiental, daño a los ecosistemas y problemas de salud pública por la proliferación de vectores. Los isleños dicen sentirse “inundados de basuras”.
Es preciso recordar que en agosto del 2023, el Tribunal Contencioso Administrativo del Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina acogió la medida cautelar solicitada en la acción popular interpuesta por la Procuraduría, por lo que ordenó a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) iniciar de inmediato la evacuación de residuos sólidos generados por la embestida de Iota, cumpliendo con los requisitos técnicos y realizando una planificación adecuada.
A la fecha hay dos órdenes judiciales, una del 2022 y otra del 2023, que desafortunadamente no han sido atendidas. “En la reciente visita a los territorios afectados, durante la primera semana de marzo, nuestros funcionarios de la Delegada para los Derechos Colectivos y del Ambiente constataron la grave afectación socioambiental generada por la acumulación de residuos y basuras en las islas, es decir, el incumplimiento de las órdenes”, manifestó Camargo.
El Defensor hace un llamado a todas las entidades involucradas del orden nacional, departamental y municipal: “Deben unir esfuerzos y articular acciones para hacer la evacuación inmediata y definitiva de los residuos sólidos y escombros que están afectando el derecho de todos los raizales, habitantes de la isla y turistas nacionales y extranjeros a gozar de un ambiente sano”.
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