Un informe elaborado por la entidad de derechos humanos da cuenta de que en poco más de cuatro meses, los gastos por concepto de inversión del sector agro y rural apenas llegan al 6,48%.
La Defensoría del Pueblo, en su informe sobre el análisis del sector agropecuario del país, advierte sobre la baja ejecución del presupuesto que le es destinado. Entre el 1 de enero y el 19 de mayo del 2024, por concepto de inversión solamente llegó al 6,48%, teniendo en cuenta que para el año en curso el sector agro en Colombia cuenta con una apropiación de $8 billones para gastos de inversión, con recursos que son distribuidos en siete entidades del orden nacional.
Llama la atención que la Agencia Nacional de Tierras, entidad con mayor apropiación presupuestal del sector con $4,9 billones, presenta una ejecución de tan solo el 3,83%. La Agencia de Desarrollo Rural alcanza una ejecución del 5,26%. Por su parte, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, entidad rectora de la política pública agropecuaria, llega a una ejecución presupuestal del 9,99%.
La Defensoría del Pueblo identificó algunos proyectos de inversión que, por su importancia, redundan en mayor medida en la garantía de derechos de la población campesina. El primero de ellos es el incremento de la formalización de predios privados rurales: cuenta con una ejecución del 23,42%; el segundo, relacionado con el fortalecimiento del ordenamiento social de la propiedad rural: alcanza el 13,5%; el tercero, sobre el fortalecimiento del programa de reforma agraria y reforma rural integral: únicamente llega al 1,95% de ejecución.
El porcentaje de realización de los tres programas da cuenta de que la principal apuesta gubernamental en materia agropecuaria, la cual ha sido la garantía del acceso a tierras para la población campesina y la formalización de la propiedad agrícola y rural, no cuenta con la efectividad y el ritmo proyectados al inicio del actual Gobierno.
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