La Defensoría del Pueblo expresa gran preocupación por las dificultades en la disponibilidad de recursos para garantizar la integralidad de los esquemas de seguridad para líderes, lideresas y personas defensoras de derechos humanos, víctimas del conflicto armado, entre otros.

El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, hizo un llamado al Ministerio del Interior y a la Unidad Nacional de Protección (UNP), para que tomen decisiones administrativas de carácter urgente, con el propósito de garantizar que las medidas de protección permitan prevenir el riesgo, contrarrestar las amenazas y minimizar las vulnerabilidades de las personas que hacen parte del programa de protección.

Es de absoluta relevancia atender de forma inmediata aspectos como: fallas automotrices constantes; demoras en el mantenimiento de los vehículos; no hay vehículos de seguridad como sustitutos, cuando se requiere el mantenimiento de los que han sido asignados; retrasos en el sistema de pago de combustibles; la asignación para el combustible de los vehículos es insuficiente; la no exención de pico y placa para los vehículos asignados en esquemas de seguridad impide las labores sociales en los territorios, entre otros asuntos que afectan el ejercicio de los líderes y lideresas sociales, y personas defensoras de derechos humanos.

Por todo lo anterior, el Defensor del Pueblo reclamó acciones urgentes de la UNP a nivel nacional, debido al incremento y constantes reclamos de las lideresas y líderes sociales por la desprotección a la que están siendo sometidos, en detrimento de la defensa de los derechos humanos en todo el país. Ninguna situación de orden administrativo puede estar por encima del derecho a la vida.

“Para la Defensoría del Pueblo, la falta de recursos indica falta de garantías y del pleno goce de los derechos de las personas que deben ser protegidas. Por lo tanto, se requieren acciones urgentes de la UNP en todo el país, porque el Estado no puede poner en riesgo la integridad y la vida de quienes ejercen liderazgos en la defensa de los derechos humanos de las comunidades. No podemos socavar el ejercicio democrático en los territorios.”, puntualizó Carlos Camargo Assis.