Con el inicio de las obras del tercer carril en el corredor vial Bogotá – Girardot se han evidenciado afectaciones a la infraestructura de las viviendas y terrenos productivos en el municipio de Silvania, departamento de Cundinamarca.
Precisamente desde el sector de Azafranal de ese municipio, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis, verificó dichas afectaciones y escuchó a la comunidad que clama por la garantía del reconocimiento por gestión predial a los propietarios de los predios objetos de compra de la concesión; garantías de seguridad vial para el tránsito de enfermos, niños, niñas, adolescentes y adultos mayores, y la realización del Comité Departamental de Gestión de Riesgo de Desastres para que se establezcan los mecanismos de inmediata reubicación de las familias que residen en las viviendas que están en riesgo.
“Instamos a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) a que atienda el clamor de la comunidad, a que se establezcan zonas de pasos seguros a lo largo del corredor vial en intervención para que se facilite el paso de niños, niñas, adolescentes, enfermos, personas con discapacidad y movilidad reducida. Hay familias en riesgo y debemos tomar medidas para evitar una tragedia a la que están expuestas varias familias cuyas casas están a punto de derrumbarse”, agregó Carlos Camargo Assis.
Así mismo, el Defensor del Pueblo les solicitó a la ANI, a la Alcaldía y a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres establecer el censo de afectaciones a las viviendas ubicadas en la zona de impacto de las obras viales.
“Desde la Defensoría del Pueblo, a través de nuestra Regional Cundinamarca, junto con la Personería Municipal de Silvania, hemos venido acompañando el proceso de 129 viviendas que se encuentran con afectaciones y que ameritan la evacuación urgente de las 32 viviendas con riego alto, en los sectores de Quebrada Honda, Azafranal El Retiro, Azafranal Divino Niño, Azafranal Caracolí y Azafranal Alto, en el municipio de Silvania. Seguiremos junto con la comunidad para buscar la garantía de sus derechos a la vida y a una vivienda digna”, recalcó.
Dicha articulación de la Defensoría del Pueblo y la Personería Municipal ha permitido hacer seguimiento a los compromisos de la ANI y del Consorcio Ruta 40 tras el bloqueo de la comunidad del sector Azafranal de Silvania en la vía nacional en intervención, manifestación que tuvo lugar el pasado 5 de noviembre de 2022.
“Es nuestro deber, como institución garante de los derechos humanos, hacer un llamado a la ANI, al contratista de la vía Ruta 40, al interventor, a la concesión Vía 40 Express, a la Alcaldía municipal de Silvania y a la Gobernación de Cundinamarca, para que de manera inmediata realicen las actuaciones propias de sus instancias y garanticen a las familias afectadas la debida compensación por gestión predial, la seguridad vial, viviendas en condiciones de seguridad y dignidad humana”, puntualizó Carlos Camargo Assis.
