Este viernes 29 de octubre se realizó el lanzamiento del segundo Informe Nacional de Empleo Inclusivo (INEI), liderado por Fundación Corona, la Asociación Nacional de Empresarios de la ANDI a través de su fundación y USAID a través de ACDI/VOCA. El informe tiene como objetivo, mostrar las condiciones actuales del país en materia de educación y empleo inclusivo, desde una mirada general por trayectorias, que visualiza las particularidades de cada uno de los tramos y aborda con mayor detenimiento la situación de grupos poblacionales vulnerables que ingresan y permanecen en menor medida en el mercado laboral formal.
Utilizando más de 70 fuentes de información, el INEI expone y analiza las principales barreras en las trayectorias de la educación al empleo que enfrentan poblaciones vulnerables como mujeres, jóvenes, grupos étnicos, personas con discapacidad y población migrante, entre otras. En esta segunda versión, los datos analizados evidencian que debido a la emergencia Sanitaria por el Covid-19, las brechas estudiantiles y laborales impactaron en mayor medida a estas poblaciones. Adicional al análisis de indicadores, el Informe Nacional de Empleo Inclusivo incluye recomendaciones, pautas, lineamientos y herramientas dirigidos a diferentes actores del ecosistema de educación y empleo para así poder atender las diferentes problemáticas encontradas.
Los efectos de la pandemia tendrán consecuencias a corto, mediano y largo plazo. Si bien los niveles de crecimiento económico previo podrán que retomarse un año después, los niveles de desempleo podrían tardarse hasta cinco años en volver a los niveles prepandemia. Otros indicadores relacionados con los niveles de pobreza podrían tardar mucho más. Preocupa particularmente el tiempo que le tomará al país recuperar los niveles de participación de las mujeres en el mercado laboral, o las consecuencias por pérdida de aprendizaje que afectarán a una generación entera.
Para el año 2020 el empleo tuvo un retroceso de alrededor de 20 años debido a las medidas de aislamiento que terminó en la reducción de puestos de trabajo, desplazando la población al desempleo y la inactividad. La tasa de desempleo para este año alcanzó 16%, incrementándose 5.4 puntos porcentuales frente a 2019,
retrocediéndose con ello a niveles de desempleo propios de inicios de 2002 y, a su vez, aumentando la brecha de género en términos de ocupación, pues aumentó en 23,5 puntos porcentuales (61 % de los hombres y solo el 38 % de las mujeres están ocupadas), lo que supone una pérdida importante de los avances adelantados en materia de equidad en el país durante los últimos 35 años. Adicionalmente, se estima que para las mujeres será mucho más difícil salir de la inactividad dado que 80 % de las horas dedicadas al cuidado directo indirecto del hogar son aportadas por mujeres.
“El empleo y emprendimiento inclusivo, entendido como la vinculación de población vulnerable al mercado laboral a tr avés de empleos formales y estables, es uno de los mecanismos que permiten que las personas con más dificultades para emplearse alcancen niveles significativos de movilidad social. Desde el año 2015 en la ANDI venimos desarrollando la Estrategia de Competitividad Inclusiva que busca acompañar a las empresas para incluir a población vulnerable en su cadena de valor. En esta acompañamos y asesoramos al sector empresarial en identificar que tan preparados se encuentran para contratar población vulnerable usando herramientas diagnósticas, y en plantear un plan de trabajo enfocado en fortalecer las actividades de las etapas de antes, durante y después de la contratación de la población”, comenta Bruce Mac Master, Presidente de la ANDI.
En materia de educación se estima un retroceso de casi 8 años en algunas dimensiones: en la matrícula en programas de Educación para el Trabajo y el Desarrollo Humano (ETDH), para el año 2019 estos programas contaban con 573 mil estudiantes matriculados, para el 2020 quedaron matriculados solo 295 mil, es decir, hubo una reducción del 48,4% del total de estudiantes. Según el informe, la no presencialidad en la educación básica y media repercutió en el aumento significativo de la inasistencia tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, mientras que en las ciudades el 16% de los estudiantes no asistieron a clases, en zonas urbanas este porcentaje aumentó casi el doble, y un 30% de estudiantes no asistieron y por tanto presentarán rezagos en el aprendizaje:la cantidad de estudiantes en Colombia por debajo de los niveles mínimos de aprendizaje aumentaría en 23 puntos porcentuales y llegarían a ser el 73 % del total de estudiantes.
Además, según aclaran los expertos del INEI, los impactos en educación no son inmediatos, ni precisos, dado a que la forma en la que se está midiendo la asistencia escolar puede llegar a invisibilizar a estudiantes que no están recibiendo clases de manera oportuna y con calidad. Alrededor del 20% de los niños matriculados no asistieron a clase, es decir, cerca de 1,4 millones de niños quedaron desescolarizados, aún no se sabe cuántos desertaron del sistema definitivamente. Esta situación a futuro implica la pérdida de una cantidad de estudiantes que ya tenían rezagos de aprendizaje, bajas habilidades socioemocionales y altas probabilidades de desertar del sistema educativo.
“Permitir que los jóvenes accedan a una educación posmedia permite que tengan mayores ingresos económicos, ya que las personas que son técnicos, tecnólogos y profesionales ganaron en el año 2020, 3,3 veces más de lo que gana una persona que solo cuenta con educación hasta quinto de primaria y 2,4 veces más de lo que gana una persona bachiller, lo cual evidencia una brecha de equidad salarial y de calidad de vida” afirmó Germán Barragán, Gerente de Educación y Empleo de Fundación Corona.
Según el segundo Informe Nacional de Empleo Inclusivo, la intermediación laboral también fue uno de los servicios que se vio fuertemente afectado. La Gran Encuesta Integrada de Hogares, afirma que menos del 4% de los ocupados reporta haber encontrado empleo a través de servicios de colocación laboral; a esto se le suma la problemática que tuvieron los puntos de servicios físicos para poder prestar el servicio, pues de los 445 puntos de autorizados, solo 2 fueron virtuales, situación que impidió que muchos colombianos pudieran acceder al servicio por causa del aislamiento obligatorio y por lo tanto, tuvieran menos canales de apoyo en su búsqueda de empleo.
El informe analizó también esta situación por población. Para el año 2020, la inscripción de mujeres en el Sistema de información del Servicio Público de Empleo (SISE) fue de 49%, siendo la tasa más baja durante los últimos 3 años, y aunque las mujeres tuvieron una mayor tasa de orientación (53%), las cifras de colocación para hombres siguen siendo mucho mayores. El INEI resalta que las poblaciones vulnerables se vieron más afectados frente a la situación del desempleo, pues los jóvenes, los migrantes y las mujeres tuvieron las tasas más altas, al alcanzar 24,2%, 22,8% y 20,4% respectivamente. Además esta situación afectó de manera desproporcionadamente a las familias de ingresos más bajos, pues los hogares en situación de pobreza y pobreza extrema albergaron el 59% de los desocupados del país, por el contrario, solo el 15% de las personas desocupadas pertenecen a familias de clase media y alta.
“Es fundamental generar fuentes de información confiables que permitan concer los impactos que trajo consigo la pandemia del COVID-19, que sin lugar a dudas marcarán una generación y condicionarán el rumbo del país. Al conocer la situación real que viven todos los ciudadanos, se podrán implementar acciones que permitan solventar la emergencia económica y social y revertir el impacto que echó por la borda más de una década de avances en materia de superación de la pobreza” puntualizó Daniel Uribe, Director Ejecutivo de Fundación Corona