La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) citó a cuatro exgobernadores de Nariño para que declaren sobre la implementación e impacto de la erradicación forzada de cultivos ilícitos mediante la fumigación aérea con el herbicida glifosato en tres municipios, informó este jueves el alto tribunal.

A las audiencias convocadas por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, que se desarrollarán entre el 17 y 25 de junio, fueron citados Parmenio Cuéllar (2001-2003), Eduardo Zúñiga (2004-2007), Antonio Navarro Wolff (2008-2011) y Raúl Delgado (2012-2015).

Este llamado se da dentro del Caso 02, que investiga los crímenes cometidos presuntamente por la desmovilizada guerrilla de las FARC, así como por integrantes o exintegrantes de la fuerza pública, agentes del Estado no integrantes de la fuerza pública y terceros civiles en Tumaco, Ricaurte y Barbacoas, entre 1990 y 2016.

En la investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad ha identificado “más de 400 hechos graves y representativos presuntamente cometidos por agentes del Estado integrantes de la Fuerza Pública, de los cuales, 98 se ejecutaron en el marco de la implementación de la estrategia de erradicación forzada de cultivos de uso ilícito, mediante aspersión aérea con glifosato”, explicó la JEP en un comunicado.

Informes aportados por las organizaciones de víctimas, indígenas, afrocolombianas, campesinas y de derechos humanos, aseguran que estos hechos ocasionaron “daños graves, diferenciados y desproporcionados” sobre la población civil, sus bienes, el territorio y la naturaleza.

En específico, precisan que “se generaron daños directos en la salud de las personas y afectaciones ambientales graves, incluyendo la destrucción de cultivos de pan coger, plantas medicinales y contaminación de ríos y quebradas”.

Además, han relatado ante la JEP que estas operaciones provocaron desplazamientos forzados y comprometieron las condiciones de vida de las comunidades, exacerbando las situaciones de vulnerabilidad y conflictividad social.

La JEP abrió el caso 02 el 10 de julio de 2018 y allí prioriza la grave situación de violaciones a los derechos humanos y graves infracciones al DIH que afectan principalmente a pueblos indígenas, comunidades negras, afrocolombianos, campesinos, mujeres y personas LGBTI de Tumaco, Ricaurte y Barbacoas.