La Corte Suprema de Justicia condenó a 13 años de presión a una mujer que esclavizó a una joven indígena en estado de embarazo.

“La señora nunca me pagó. Me dio mucha timidez porque ella me hacía despertar en la hora de la noche para lavar el piso, no me mandaba a trapear normal, sino agacharme. Eso a mí me daba mucho miedo, mucha timidez. Ella no me dejaba hablar por teléfono”, indicó la joven.

“Además de yo ser indígena, yo estuve embarazada y me rechazó. Llegué a trabajar en estado de gestación y a ella no le gustaba porque decía que estaba manteniendo dos bocas, la de mi hijo y la mía. Me decía que no me iba a pagar“, agregó.

Para aquel tiempo, la mujer recibía solo 250.000 pesos cuando el salario mínimo rondaba los 650.000 pesos colombianos. Ahora deberá cancelarle los salarios dejados de pagar.

La corte analizó a profundidad este caso y concluyó que “en las sociedades contemporáneas, la marginalidad, la pobreza y la exclusión generan contextos y condiciones favorables a la cosificación e instrumentalización de seres humanos, especialmente de aquellos que pertenecen a los grupos sociales más vulnerables que los hace susceptibles a una amplia y diversa gama de escenarios de explotación, como el que se presenta también con el trabajo forzoso, la esclavitud y sus prácticas análogas”.

La Sala de Casación Penal, además, determinó que no puede ser insensible “frente al drama humano que padecen aquellas personas que, por su condición de vulnerabilidad, son objeto de formas diversas de explotación, pues estas transgreden sus derechos fundamentales a la libertad, a la autonomía y a la dignidad”.

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