Por su presunta incidencia y contribución en la consecución de la garantía bancaria falsa y la pérdida de más $70 mil millones girados en calidad de anticipo a la Unión Temporal Centros Poblados, la Contraloría General de la República vinculó formalmente al proceso fiscal que adelanta por estos hechos a los señores Emilio Tapia Aldana, Juan Carlos Ángel
Cáceres, Juan José Laverde Martínez, Jorge Alfonso Molina García Mayorga y José Rafael Lastre Vergara.

Este proceso fiscal se abrió a mediados de agosto pasado, en cuantía estimada
de $70.243 millones, por las irregularidades en la planeación adelantada por FunTIC en el trámite de la licitación FTIC-LP-038 de 2020, así como en el manejo del anticipo y ejecución del contrato 1043 del 18 diciembre de 2020 resultado del proceso licitatorio.
Dicho contrato, suscrito con la Unión Temporal Centros Poblados, tiene por
objeto la planeación, instalación, operación y mantenimiento de la infraestructura
para prestar el servicio de internet en 14.745 Centros Digitales en zonas rurales
de los 32 departamentos del país.

La Contraloría investiga también las irregularidades en el control y seguimiento
adelantado por la interventoría, con ocasión del contrato 1045 de 2020.

Estos hechos fueron declarados de impacto nacional mediante auto 0048 del 10
de agosto de 2021.