Por acción de cumplimiento presentada por la Procuraduría General de la Nación, el Consejo de Estado ordenó al Gobierno nacional, integrado por el presidente de la República y los ministerios de Ambiente y Desarrollo Sostenible y de Transporte, reglamentar en un término de seis meses la revisión técnico – mecánica y de emisiones contaminantes de los vehículos eléctricos del país y regular el descuento en el impuesto para este tipo de automotores.

Al revocar la sentencia proferida el 5 de abril de 2021 del Tribunal Administrativo de Cundinamarca – Sección Primera, Subsección “B”, que negó las pretensiones de la demanda, el contencioso administrativo declaró el incumplimiento del Gobierno de la obligación impuesta en el inciso 1º del artículo 4º de la Ley 1964 de 2019 “por medio de la cual se promueve los vehículos eléctricos en Colombia”.

Al impugnar el fallo de primera instancia, el Ministerio Público advirtió que el término para regular el impuesto para vehículos eléctricos venció hace más de un año y medio, y recordó la importancia de cumplir con los deberes constitucionales de proteger la integridad del ambiente y prevenir y controlar los factores de deterioro ambiental.

Enfatizó la Procuraduría en que “resulta inadmisible que el Tribunal haya preferido exhortar a las autoridades responsables para que culminen las etapas restantes y procedan a expedir la reglamentación en un plazo “razonable” y “próximo”, sin definirlo de manera puntual y concreta; pues por esa vía, se modulan los plazos perentorios señalados por el Legislador, y se estaría aplazando en tiempo el cumplimiento de importantes deberes jurídicos, olvidando una vez más, que las situaciones jurídicas y sus consecuencias no pueden quedar indefinidas en el tiempo”.

La acción judicial fue presentada por el Ministerio Público como parte de las actuaciones que se adelantan para prevenir y reducir la contaminación del aire en el país, dentro de las que también se destaca la expedición de la Directiva 007 de 2021, en la que se instó a las autoridades competentes a dar estricto cumplimiento a las normas de seguimiento y control de las emisiones atmosféricas de materiales contaminantes, para garantizar la calidad del aire en todo el territorio nacional y salvaguardar la salud de los colombianos.