“Esto era un tema de país, era un tema de respetar las instituciones, de entender que la institucionalidad es fundamental para vivir en paz”, así lo manifestó Margarita Cabello Blanco, Procuradora General de la Nación, a las plenarias de Senado y Cámara tras la aprobación del proyecto de ley que modifica la ley 423 de 2021.
Este proyecto de ley pretende aumentar las garantías que deben tener los funcionarios de elección popular al momento de ser juzgados, respondiendo así, a la exigencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la sentencia del 8 de julio de 2020, en la que condenó al Estado colombiano por la sanción de destitución e inhabilidad impuesta al entonces alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.
De esta manera, todas las faltas que cometan los funcionarios de elección popular serán investigadas, juzgadas y sancionadas cuando realicen actos de corrupción, incurran en violaciones a los DD.HH. u otras acciones disciplinarias.
De acuerdo con la jefe del Ministerio Público, este proyecto es un avance significativo para que la entidad siga cumpliendo con su función disciplinaria y un respaldo a la institucionalidad.
“Nadie sino sólo una nueva Constituyente y una nueva Constitución y una reforma constitucional pueden eliminar la Procuraduría General de la Nación,”, puntualizó.
