El Consejo de Estado condenó a la Fiscalía General por privar injustificadamente de su libertad al entonces contralmirante Gabriel Arango Bacci en el marco del proceso penal que se le adelantó en 2010 por presuntamente tener vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.
Arango Bacci, quien estuvo privado de su libertad varios meses, fue absuelto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema después de comprobar que existían pruebas falsas y testigos manipulados.