Un juez especializado de Bogotá aprobó el preacuerdo con la Fiscalía por medio del cual el expatrullero de la Policía Juan Camilo Lloreda reconoció su responsabilidad en el asesinato del ingeniero y estudiante de derecho Javier Ordóñez.

En consecuencia, el juez condenó a Lloreda a veinte años de prisión por los hechos ocurridos el 9 de septiembre de 2020 en la localidad de Engativá, en Bogotá.

El juez octavo especializado de Bogotá aceptó el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía General y el expatrullero Lloreda, luego de reconocer que participó en los hechos que rodearon la muerte de Ordóñez.

Lloreda fue declarado culpable de los delitos de tortura agravada y homicidio agravado. Sin embargo, se le otorgó una rebaja por la colaboración que brindó con la Fiscalía General de la Nación y que permitió el esclarecimiento de lo ocurrido en la madrugada del miércoles 9 de septiembre en el momento en el que fue detenida y atacada la víctima.

El juez consideró también que con la información que suministró Lloreda, se logró vincular a otros uniformados que habrían tenido relación con la muerte de Ordoñez.

Consideró legal el preacuerdo y procedió a condenar a veinte años de cárcel a Lloreda, quien se comprometió a pedir perdón públicamente a la familia de Javier Ordóñez y a la Policía Nacional.

Este acto de reparación se realizará a través de un acto público, en el que el uniformado reconocerá que se equivocó al haber sometido, golpeado y maltratado a la víctima.

En ese mismo evento, Lloreda aceptará que Javier Ordóñez se encontraba en un estado de inferioridad e indefensión al haber sido atacado mientras se encontraba en estado de alicoramiento.

Parte del compromiso de reparación consistió en revelar la verdad de lo que ocurrió durante la madrugada del 9 de septiembre de 2020 en el barrio Villa Luz de Bogotá, donde se produjo la muerte de Ordóñez.

Los informes de la necropsia que practicó el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses fueron contundentes para revelar que la víctima, fue atacada con severidad y que producto de esos ataques falleció.

“La negociación consistió en que la Fiscalía a cambio de la aceptación de los delitos de homicidio agravado y tortura agravada y con el propósito de no discutir el caso en el juicio, acordaron las partes que se tendrá en cuenta la máxima condena por el delito de homicidio, fijado en 240 meses de prisión y multa de 1.500 salarios mínimos”, aseguró el juez.