Según el Defensor del Pueblo, de esta manera será garantizada la dignidad humana del disciplinado y el debido proceso. Lo que conducirá a la protección de los derechos humanos desde las perspectivas de la prevención y de la potestad sancionatoria.
En el ‘Congreso Internacional de Derecho Disciplinario: Retos en la lucha contra la corrupción mundial’, el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, indicó que la corrupción en un fenómeno multidimensional que impacta negativamente en los ámbitos ético, político, económico, social y cultural de una sociedad, lo cual afecta las condiciones de vida y las capacidades para el desarrollo humano de la ciudadanía. Por esta razón, aseguró, hacerle frente es imperativo.
“Con un ordenamiento normativo disciplinario fuerte podremos construir una herramienta efectiva para combatir hechos de corrupción. De esta manera, será garantizada la dignidad humana del disciplinado y el debido proceso, ¿y a qué conducirá ello?, a la protección de los derechos humanos desde las ópticas de la prevención y de la potestad sancionatoria”, afirmó Carlos Camargo.
Servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución del 91 son los principales fines del Estado, de ahí que reviste importancia el ejercicio de la función pública guiado por los principios de igualdad, moralidad, imparcialidad, celeridad, entre otros, destacó el Defensor del Pueblo.
“Por ello es clave contar con el derecho disciplinario, que garantice el correcto funcionamiento del Estado, que sus agentes actúen con apego a la legalidad y a la transparencia”, resaltó Camargo.
La diligencia, el cuidado y la corrección en el desempeño de las funciones asignadas a los servidores estatales son pilares de una administración pública efectiva, destacó el Defensor: “Sin embargo, cuando se ven comprometidas por actos de corrupción, a la consecuencia jurídica no se le puede dar rodeos: deben ser sancionadas las conductas que atenten contra los deberes inherentes a la función pública”.
A lo que agregó el Defensor del Pueblo de los colombianos: “Intentar acabar con la institucionalidad, eliminando entidades que resultan fundamentales en la lucha contra la corrupción, es un despropósito que lo único que consigue es fracturar la democracia”.
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