Ante el anuncio hecho por el Gobierno de Panamá, la Defensoría del Pueblo de Colombia exhorta al Gobierno Nacional a solicitarles a las autoridades de la nación centroamericana que tengan claro los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional.

Luego de que el Gobierno de Panamá anunciara el cierre de pasos fronterizos en el Darién, región limítrofe entre Colombia y ese país centroamericano, la Defensoría del Pueblo, exhortó al Gobierno Nacional a solicitarles a las autoridades panameñas observar y estar al tanto de cuán importante es tener presente los postulados del derecho internacional de los derechos humanos, refugio, accesibilidad a la satisfacción de necesidades básicas y garantías de no devolución de los migrantes, susceptibles de asilo y con necesidad de protección internacional.

Cerrar al menos tres de los cruces inhóspitos en el también denominado Tapón del Darién aumentará el represamiento de personas en los municipios receptores de migrantes, concretamente en los cascos urbanos de los pueblos que forman parte de la subregión del Urabá antioqueño y chocoano. Además, incrementará las necesidades de protección, dada la afectación a los derechos fundamentales de la población en movilidad humana, las comunidades en tránsito y las colectividades étnicas que perviven en esa zona limítrofe.

Por las situaciones indicadas anteriormente, la entidad nacional de los derechos humanos les recomienda a las autoridades del orden nacional y territorial impulsar medidas efectivas de respuesta, en el corto plazo, para hacerle frente a un escenario de tal naturaleza.

A las gobernaciones de Antioquia y Chocó y las administraciones municipales de Turbo, Necoclí, Acandí y Unguía, en el mismo sentido, las conmina a activar las mesas de gestión y gobernanza migratoria con acciones de contingencia oportunas desde un enfoque humanitario, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género u orientación sexual, origen nacional o étnico, raza, religión, lengua o cualquier otra condición.

Servidores públicos de la Defensoría, en función de su rol misional, estuvieron en la vereda Astí, uno de los puntos fronterizos con Panamá. Allí evidenciaron cómo la instalación de una cerca con alambre de púas, de aproximadamente 80 metros de longitud, impide el paso a pie por el camino que conduce a territorio rural del país centroamericano.

La cerca pone en riesgo la integridad física de los migrantes que a diario intentan cruzar, pues en una de sus partes, donde arrojaron trozos de madera para que el alambre baje, con la finalidad de seguir su camino, sus cuerpos están expuestos a sufrir laceraciones con las púas.

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