La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos y la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, obtuvo un resultado estructural contra las redes dedicadas a la extracción ilegal de oro a gran escala.

En procedimientos realizados por el CTI, con apoyo del Ejército Nacional, fue capturado Néstor Mosquera Arboleda, alias El Gordo, uno de los señalados mayores auspiciadores de la minería ilegal en Medio Atrato (Chocó). De manera simultánea fueron ocupados 52 bienes que pertenecerían a su organización ilegal o estarían al servicio de las actividades delictivas que ejercía en deterioro de los recursos naturales.

Este hombre fue presentado ante una juez de control de garantías junto a dos de sus posibles colaboradores, identificados como Jessika Paola Jordan Córdoba, quien fungía contadora y responsable de los asuntos administrativos de la estructura de alias El Gordo; y Javier Caicedo Valoyes, quien sería encargado del traslado y comercialización del metal precioso obtenido.

Néstor Mosquera Arboleda sería el propietario de, por lo menos, cinco frentes mineros ubicados sobre las fuentes hídricas y áreas forestales en Medio Atrato, las cuales han sido afectadas con el vertimiento de sustancias tóxicas y la utilización de maquinaria amarilla, motores y otros elementos usados para acelerar la extracción de oro.

Asimismo, el material de prueba indica que alias El Gordo, al parecer, pagó 8 millones de pesos mensuales, entre agosto de 2022 y febrero de 2023, al coronel Clauder Antonio Cardona Cataño para que, en su condición de comandante del Departamento de Policía de Chocó, le informara sobre las operaciones en contra de sus entables mineros.

Por estos hechos, el oficial fue imputado y recibió medida de aseguramiento en centro carcelario por los delitos de cohecho propio y explotación ilícita de yacimiento minero.

En lo que respecta a alias El Gordo y los otros procesados, la Fiscalía les imputó, según su posible participación, delitos como explotación ilícita de yacimiento minero, contaminación ambiental, concierto para delinquir agravado, daño a los recursos naturales y ecocidio, y cohecho.

Extinción de dominio

La Fiscalía impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 35 inmuebles urbanos, 6 vehículos, 3 embarcación, 4 sociedades y 4 establecimientos de comercio.

Adicionalmente, fueron afectados 39 millones de pesos encontrados durante las diligencias de captura de alias El Gordo, sobre los cuales no hay claridad de su origen, que correspondería a ganancias por la comercialización de oro obtenido ilegalmente en Medio Atrato.

Las propiedades, que habrían sido puestas a nombre de familiares y conocidos de la red de minería, fueron ocupadas en diligencias realizada en Medellín (Antioquia) y Quibdó (Chocó).

La Sociedad de Activos Especiales asumirá la administración de los activos.