El Comité de los Derecho del Niño expresó gran preocupación por la elevada y creciente incidencia de violencia contra las niñas en Bolivia, que a menudo se manifiesta en forma de infanticidios y violencia sexual, e instó a las autoridades del país a tomar medidas urgentes para garantizar los derechos de ese colectivo.

El grupo de expertos del Comité también pidió a Bolivia a implementar a cabalidad la legislación relativa a la lucha contra el infanticidio, el feminicidio y la violencia contra las mujeres, niñas y adolescentes y la violencia sexual contra los niños.

Del mismo modo, lo conminó a investigar a fondo y con celeridad todas las denuncias de violencia contra los niños.

Violaciones, embarazos y maternidad infantiles
El Comité de la ONU refirió con alarma el elevado número de violaciones, embarazos y maternidad infantiles forzados, y explotación sexual y prostitución de menores.

Según los expertos, Bolivia precisa emprender acciones eficaces para luchar contra la violencia sexual en todas las provincias, especialmente en las zonas rurales, y adoptar un plan nacional que aborde y ponga fin a la explotación sexual de los niños, sobre todo en las zonas mineras y turísticas.

En sus observaciones al quinto y sexto informes presentados por país sudamericano, el Comité destacó que la definición legal de violación no se refiere a la falta de consentimiento para las relaciones sexuales, por lo que solicitó a las autoridades que esa definición se ajuste a los estándares internacionales, que el delito no prescriba y que se tomen en cuenta las relaciones de poder al evaluar el consentimiento de las relaciones.

Niños indígenas
De acuerdo con el Comité los niños indígenas y afrodescendientes son los que sufren mayores transgresiones de sus derechos puesto que además de la explotación y otros atropellos suelen hallarse en riesgos sanitarios por carecer de acceso a bienes y servicios básicos como agua, alimentos, cuidados de salud e instalaciones de saneamiento.

Para proteger a estos niños, apeló al Estado boliviano a tomar provisiones, incluidas las legislativas y financieras, que garanticen la igualdad de derechos de los pueblos indígenas, asegurando su participación en la elaboración y aprobación de normas y políticas públicas que les afecten, así como a asegurar que los niños indígenas sean un grupo prioritario en las políticas y programas públicos de acceso de facto a la salud, la educación y la protección social, sin discriminación.

Trabajo forzoso
Al referirse a la explotación económica y el trabajo forzoso, informó que se han documentado 83.000 casos de niños de entre cinco y trece años que trabajan en condiciones peligrosas más de 40 horas semanales y durante la noche. Muchos de estos pequeños son guaraníes de la región del Chaco.

En este sentido, el Comité exhortó a Bolivia a “erradicar las peores formas de trabajo infantil y a impedir que los niños se conviertan en víctimas de servidumbre por deudas; a eliminar las prácticas laborales peligrosas en las que los niños trabajadores están expuestos a riesgos ambientales; a promover alternativas más seguras; a garantizar el seguimiento de los niños afectados; y a actualizar la lista de trabajos peligrosos”.