Ante la actual situación de crisis alimentaria, energética y financiera mundial que puede sumir a millones de personas en una situación de inseguridad alimentaria y pobreza y con las crecientes desigualdades entre países, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos pidió este lunes una actuación más firme e inmediata para solucionar los impactos de estos desequilibrios y así limitar el sufrimiento humano.

“Pero esto no es suficiente. Tenemos que dedicarnos a resolver las circunstancias que provocan estas crisis. Insto a que, precisamente en este momento de grave y profunda amenaza, sigamos el camino al que nos habíamos comprometido tras la pandemia de COVID-19”, afirmó Michelle Bachelet durante una actualización oral sobre la evolución de los derechos humanos en el mundo y las actividades de su Oficina en el Consejo de Derechos Humanos.

Aludiendo a un ejemplo reciente, Bachelet recordó que para evitar las devastadoras consecuencias que crearon las políticas de austeridad tras la crisis financiera de 2008, la comunidad internacional acordó cambiar de rumbo y construir sociedades capaces de transformarse y encaminadas a economías más verdes y resistentes a las crisis.

“Ahora nos enfrentamos a una prueba vital de ese compromiso. Y tenemos que cumplirla. La Agenda 2030 y el Acuerdo de París deben seguir siendo nuestro modelo para alcanzar este objetivo. En los ocho años que nos quedan debemos tomar medidas valientes y urgentes para generar el cambio transformador que se necesita para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, destacó.

Para ello, y tomando como fuente de inspiración el informe del Secretario General Nuestra Agenda Común, que refleja la visión del Secretario General sobre el futuro de la cooperación mundial y la revitalización del multilateralismo, el Llamamiento a la Acción en favor de los derechos humanos de Guterres y el proprio trabajo de su Oficina, Bachelet apuntó cuatro áreas de actuación que espera sirvan de orientación ante las crisis actuales.

Acabar con las disparidades y la marginación
En primer lugar, indicó la necesidad de “atajar la desigualdad y la discriminación” y como muestra citó a un estudio que estima que las actuales desigualdades a nivel mundial son tan grandes como las que había a principios del siglo XX.

“El Banco Mundial ha previsto que en 2022 habrá 198 millones más de personas en situación de pobreza extrema debido a la COVID-19. Ahora se calcula que sólo los precios de los alimentos a nivel mundial añadirán otros 65 millones de personas a ese total”, alertó.

Al mismo tiempo, destacó que, aunque la pandemia produjo pérdidas de ingresos en todas las capas de la sociedad, “el 20% más pobre experimentó el mayor descenso de ganancias. Y el 40% más pobre no ha empezado a recuperarse de sus pérdidas de ingresos”. A este factor se le ha de añadir la crisis climática donde “de nuevo los más pobres y vulnerables son los que se llevan la peor parte”.

A consecuencia de este cúmulo de factores, explicó que la “capacidad de las personas para soportar otra crisis se está reduciendo aún más”, y que ante este escenario “debemos seguir comprometiéndonos a corregir las desigualdades y la discriminación”.

Lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenibles está cada vez más lejos
Los dos siguientes factores que destacó fueron la necesidad de integrar las garantías fundamentales en los presupuestos nacionales de cada país, ya que “si se diseñan y ejecutan con un enfoque basado en los derechos humanos, pueden ser una poderosa herramienta para el progreso de los Objetivos de Desarrollo Sostenible”, y la necesidad de lograr una mayor cooperación y solidaridad internacional.

“La brecha de financiación para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible se ha ampliado en más de un 70% hasta alcanzar un importe anual de 4,3 billones de dólares”, señaló.

Ante este escenario, manifestó que la diferencia requiere que los países movilicen recursos públicos y privados tanto a nivel nacional como internacional.

“Sin embargo, la espiral de la deuda y las perspectivas inciertas del panorama económico -que se agravarán aún más en el contexto actual- están frenando a muchos países en desarrollo. Se calcula que en 2022 estos países necesitarán 311.000 millones de dólares para atender el servicio de la deuda externa pública, lo que supone el 13,6% de los ingresos públicos”, expuso.

En este contexto, instó a los países a redoblar los esfuerzos para alcanzar el objetivo del 0,7% de la asistencia oficial para el desarrollo, “partiendo de la base de que el gasto social de hoy produce mejores resultados sociales en el futuro”.

Por último, destacó la importancia de contar con un espacio público que sirva para construir la capacidad de recuperación necesaria en tiempos de crisis.

“Sé y he visto que una vida digna significa asegurar los derechos al trabajo, a la vivienda, a la alimentación, al agua y al saneamiento”, afirmó.

Y añadió “que estos derechos sólo pueden protegerse y cumplirse si las personas tienen el espacio para expresar sus opiniones y exigir el cambio que desean ver”, y que juntos “son la esencia de una sociedad vibrante, justa y pacífica”.

Situación en América Latina
Con relación a América Latina, constató un patrón de ataques contra la labor de los funcionarios del sistema de justicia en Guatemala, “con casos emblemáticos de graves violaciones a los derechos humanos, corrupción e impunidad”.

En consecuencia, dijo que “el Estado debe garantizar la independencia de las instituciones judiciales y la protección de los operadores de justicia”.

Respecto a México, abogó por el fortalecimiento de las instituciones civiles para establecer un plan ordenado de retirada de los militares de las tareas de seguridad pública.

Destacó que las medidas adoptadas en El Salvador en el marco del estado de excepción para luchar contra la violencia de las bandas, junto a las posteriores modificaciones del derecho penal, aumentan el riesgo de detención arbitraria y tortura de los detenidos.

“Más de 38.000 personas han sido detenidas en el contexto del estado de excepción, lo que suscita preocupación por el respeto a las garantías del debido proceso. Son especialmente preocupantes las al menos 21 muertes bajo custodia de las que informan fuentes oficiales”, destacó.

En cuanto a Colombia, celebró el carácter pacífico y democrático de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, y confió en que se mantengan durante la segunda vuelta.

Igualmente, instó a una aplicación efectiva del Acuerdo de Paz, “en particular el desmantelamiento de los grupos responsables del aumento de la violencia” y acogió con satisfacción los importantes avances en materia de justicia transicional.

Por último, pidió al Estado que asegure mecanismos de justicia transicional independientes y garantice la protección de los testigos y las víctimas participantes.

Bachelet también habló de la guerra en Ucrania, de la que dijo que “dejará una marca indeleble, también en las generaciones venideras” y destacó que sus ramificaciones políticas y sociales en todo el mundo “no tienen final a la vista”.