La Defensoría del Pueblo les solicitó a las autoridades del orden nacional, local y municipal, prepararse para mitigar los riesgos, atender la emergencia y proteger los derechos de las comunidades de los departamentos de la costa Atlántica y la región insular en el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, ante los riesgos que implica la formación de ciclones tropicales en el mar Caribe en esta época del año.

“Desde la Defensoría del Pueblo estamos alertando para que el Gobierno Nacional y los entes territoriales adopten medidas urgentes para prevenir y atender situaciones de emergencia y que se garanticen los derechos de las comunidades que viven en estas regiones del país y evitar afectaciones como la ocurrida en 2020 con el huracán Iota”, señaló el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo.

La Defensoría del Pueblo resaltó la importancia de continuar dando aplicación al Protocolo Nacional de Alerta por ciclones tropicales, un instrumento que le permitirá a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) coordinar las acciones, unificar la información y emitir las alertas frente a ciclones con potencialidad de afectar el territorio nacional.

Los reportes del IDEAM y la UNGRD indican que la temporada de huracanes 2022 se extenderá hasta el 30 de noviembre y de acuerdo con las predicciones internacionales, esta temporada tendrá eventos por encima de los promedios históricos.

Según el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos se esperan condiciones de tormenta tropical en la península de La Guajira en la noche de este jueves y en la mañana del viernes. También se prevé el fortalecimiento del sistema durante su movimiento sobre el suroeste del mar Caribe, generando una alerta de huracán para el Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina cuyo progreso deberá ser objeto de seguimiento permanente.

“La alerta también va dirigida para los departamentos de la costa caribe, ya que este tipo de eventos generan la posibilidad de lluvias extremas, incremento de la altura de las olas y fuertes vientos en la zona insular, marítima y costera”, destacó Carlos Camargo.

De la misma forma, reiteró el llamado realizado en el mes de agosto para que los consejos territoriales de gestión del riesgo adecuaran los planes de gestión del riesgo de desastres y las estrategias de respuesta a emergencias a las condiciones meteorológicas previstas.

El Defensor del Pueblo recalcó la importancia de realizar el monitoreo continuo de la formación y fortalecimiento de los ciclones tropicales por medio de las predicciones del Centro Nacional de Huracanes y las alertas del IDEAM y la UNGRD, así como a la adopción e implementación de medidas de gestión del riesgo acordes a la magnitud de los riesgos identificados durante la temporada de huracanes.

“Para la Defensoría del Pueblo es urgente que  la UNGRD y los Consejos Territoriales de Gestión del Riesgo adopten medidas inmediatas para prevenir y atender las consecuencias de los eventos climáticos extremos que enfrenta el país”, destacó Carlos Camargo.

A la fecha hay 102 municipios que se encuentran en alerta roja por los altos niveles de fuentes hídricas, crecientes súbitas, desbordamiento e inundaciones en los departamentos de Antioquia, Córdoba, Magdalena, Bolívar, César, Atlántico, Meta, Norte de Santander, Boyacá y Santander.

Vale recordar que esta semana el Defensor del Pueblo recomendó al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que se evaluara la necesidad de aumentar, dentro del Presupuesto General de la Nación, los recursos para conocer, reducir,  prevenir y atender el riesgo de desastres como consecuencia del cambio climático y la temporada invernal que afecta al país.