El Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reveló que las comunidades de siete municipios del norte y centro del departamento del Cesar tienen riesgo alto de ser afectadas por grupos armados al margen de la ley en este periodo de elecciones.

En la Alerta 004 de 2022, la Defensoría del Pueblo establece que Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz, Pueblo Bello, El Copey, Curumaní y Pailitas, existe alto riesgo de que se afecte el proceso electoral.

En estos municipios la Defensoría del Pueblo identificó que organizaciones al margen de la ley como el ELN y las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) interfieren con amenazas o intimidaciones contra las comunidades, líderes sociales y defensores de derechos humanos, mujeres, comunidades indígenas y excombatientes.

En riesgo medio, se encuentran los municipios Becerril, la Jagua de Ibirico, Chiringuaná, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya.

“Llamo la atención para que las autoridades ejerzan el control y estén atentas a lo que ocurre en este departamento, el Estado debe mitigar y evitar la ocurrencia de situaciones que vulneren los derechos de las personas en el territorio”, destacó el Defensor del Pueblo.

Cuatro de los siete municipios: Valledupar, Agustín Codazzi, La Paz y Pueblo Bello, están incluidos en la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, allí ha habido amenazas en contra de quienes aspiran a una curul de paz.

“En este proceso se deben extremar las medidas para las curules de paz, sobre todo luego de conocer los nombres de quienes resulten ganadores en los comicios, pues el Estado deberá brindarles las garantías para el ejercicio de sus nuevos espacios democráticos en zonas con riesgo muy alto”, reiteró Carlos Camargo.

El informe de la Defensoría también advierte que aunque por ahora no existe evidencia de disputas territoriales entre grupos armados al margen de la ley, no descarta que en el futuro estos riesgos se puedan consumar y afectar a las comunidades. A través del Sistema de Alertas Tempranas, ha emitido 6 alertas de las cuales 5 están vigentes.

Finalmente, el Defensor del Pueblo recordó que 274 municipios del país tienen riesgo extremo o riesgo alto de vulneración de derechos a la población en el desarrollo de los tres procesos electorales que habrá este año en el país.