La Defensoría del Pueblo dio a conocer el Informe especial de advertencia frente al suministro de alimentación en Centros de Detención Transitoria. El documento da cuenta de que poco más de 17.500 personas privadas de la libertad (PPL), recluidas en estaciones de Policía y Unidades de Reacción Inmediata (URI), se quedarán sin alimentación a partir del próximo 31 de julio.

“Esta es una situación compleja que urge ser atendida no solo porque la falta de alimentos podría generar una grave vulneración a los derechos humanos, también porque existe un alto riesgo de que sea afectado el orden público a causa de una posible parálisis alimentaria”, advirtió el Defensor del Pueblo, Carlos Camargo Assis.

El informe de la Defensoría, elaborado por su Delegada para la Política Criminal y Penitenciaria, revela también que 22.659 personas se encuentran privadas de la libertad en Centros de Detención Transitoria en el país; de ese número, el 75% recibe alimentación por la Unidad de Servicios Penitenciarios Carcelarios (USPEC), entidad que la suministra pese a que el deber legal les corresponde a los municipios y departamentos.

El informe dice que en las mesas penitenciarias lideradas por la Defensoría y la Procuraduría, la USPEC manifestó no querer continuar, desde finales del siguiente mes, con la prestación del servicio alimentario en los Centros de Detención Transitoria del país a personas en calidad de indiciadas.

La situación se vuelve más compleja, ya que en estos centros hay un hacinamiento del 124%, lo que genera otras vulneraciones a los derechos humanos. Datos de la Policía Nacional señalan que 1534 PPL están condenadas y 21.125 se encuentran imputadas.

“Hemos entregado varias recomendaciones al Ministerio de Justicia para que convoque de manera inmediata una mesa de alto nivel, conformada por las entidades territoriales y la USPEC, con acompañamiento de la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría General de la Nación, para que sea adoptado un plan de contingencia que permita asegurar la continuidad en la prestación del servicio de alimentación a esta población”, resaltó el Defensor del Pueblo.

Finalmente, la Defensoría del Pueblo les solicita a las alcaldías y gobernaciones adelantar acciones que garanticen la prestación del servicio de alimentación a las personas en calidad de sindicadas que se encuentran en Centros de Detención Transitoria, y a la USPEC, que coordine con las entidades territoriales el suministro de este servicio para prevenir una afectación generalizada.