Los habitantes de los municipios de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus áreas rurales están en situación de riesgo por cuenta de la disputa territorial entre grupos armados al margen de la ley, como las AGC-Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc.
La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana para el sur del departamento del Casanare, concretamente para las poblaciones de Maní, Monterrey, Orocué, Tauramena y Villanueva y sus zonas rurales, debido al riesgo que corren las comunidades por cuenta de la disputa territorial entre grupos amados ilegales que delinquen en el lugar.
Hay tres escenarios de riesgo relacionados entre sí, como lo son el proceso de consolidación del control armado ilegal ejercido por las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC-Clan del Golfo), su accionar violento y la injerencia del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a través de su frente José David Suárez, y de facciones disidentes de las Farc, particularmente de sus frentes 28 y 10 del Estado Mayor Central (EMC).
El grupo AGC, en su proceso de expansión, viene posesionándose geoestratégicamente de manera violenta, incluso ha eliminado y replegado pequeñas estructuras de las antiguas estructuras paramilitares que mantenían el control local. Ello le ha permitido alcanzar supremacía ante los oponentes y enemigos para hacerse al control y articulación del sur del Casanare en espacio geográfico, aceptación de las comunidades rurales y urbanas e ingresos derivados de la dinámica económica del territorio.
También, advierte la AT 016, los grupos armados han incursionado en sectores de pobreza extrema y exclusión social para demostrar poder, capacidad de acción y control, lo cual ha generado temor, intimidación y sometimiento. Igualmente, han reclutado población joven de sectores frágiles y vulnerables, bajo el engaño de darles oportunidades que el Estado y la sociedad en su conjunto les han negado.
Organizaciones comunitarias y campesinas, víctimas del conflicto armado, niñas, niños y jóvenes, firmantes de paz, mujeres, servidores públicos de las localidades en mención, agricultores, ganaderos, reclamantes de tierras, población socialmente estigmatizada, sindicalistas, comerciantes, transportadores, docentes, estudiantes, entre otros, podrían ser blanco de variadas formas de violencia, lo que vulneraría sus derechos, además de que sería infringido el derecho internacional humanitario (DIH), lo cual coartaría su libertad, integridad y seguridad.
Estarían en riesgo de desplazamiento forzado, reclutamiento forzado, utilización y uso de niñas, niños y adolescentes, violencia sexual, secuestros, homicidios selectivos y múltiples, desaparición forzada, hostigamientos y ataques armados con efectos indiscriminados, destrucción de bienes civiles, atentados con artefactos explosivos, entre otras situaciones de riesgo.
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