El alcalde de Cartagena, Dumek Turbay, coadyuvó una demanda, junto al senador Mauricio Gómez y los Concejos de Barranquilla y Cartagena, contra el gravamen en la vía entre las dos ciudades.
La Corte Constitucional admitió la coadyuvancia del alcalde Dumek Turbay en una demanda que busca tumbar el cobro de valorización a predios ubicados en la Vía del Mar, carretera que conecta a Cartagena con Barranquilla. Esta acción pública de inconstitucionalidad fue presentada a inicios de noviembre por el senador Mauricio Gómez Amín, y cuenta también con el apoyo de los Concejos de ambas ciudades y de ciudadanos de barrios afectados.
El cobro de valorización, anunciado por el Instituto Nacional de Vías (Invías), afectaría a 143.000 predios en 10 municipios de Bolívar y Atlántico, según el Ministerio de Transporte; lo que ha generado gran controversia en los hogares que pagarían el gravamen, y que medidas anunciadas por el Gobierno nacional, como socializaciones, censos prediales y facilidades de pago, no han tranquilizado a la ciudadanía y a gremios como Camacol, pues golpearía gravemente a las inversiones en construcción y alzaría precios de viviendas.
La demanda va en contra del artículo 280 de la Ley 2294 de 2023. Esta admisión marca un avance en la defensa de los derechos constitucionales de los ciudadanos que habitan en Cartagena, Barranquilla, Puerto Colombia, Santa Catalina, Luruaco, Piojó, Juan de Acosta, Tubará, Soledad, Galapa y Malambo, eventualmente afectados por el cobro de valorización de la vía Barranquilla – Cartagena y Circunvalar de la Prosperidad, como plan piloto del Gobierno nacional.
Según la demanda, el impacto del cobro de valorización podría ascender a 2.4 billones de pesos, cifra que supera la inversión regional asignada en el presupuesto para el Atlántico y el recaudo de renta anual de la DIAN en los departamentos de Atlántico y Bolívar.
Con esta acción ante la Corte Constitucional, Turbay cuestiona la constitucionalidad de la disposición que permite la aprobación y aplicación de la contribución nacional de valorización “hasta cinco 5 años después del inicio de la operación del proyecto”. Según la demanda, esta norma afecta principios fundamentales, como el de irretroactividad, buena fe, confianza legítima y unidad de materia, contenidos en los artículos 83, 158 y 363 de la Constitución Política de Colombia.
Los coadyuvantes solicitaron también la suspensión provisional de la norma, argumentando que su implementación podría impactar de manera negativa a los ciudadanos. Con la admisión de la demanda, la Corte Constitucional abre la puerta a un análisis detallado de estos temas, así como a la participación de otros actores sociales, académicos y jurídicos en el proceso.
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